Las normas europeas sobre el impuesto en frontera por carbono y contra la deforestación importada marcan el camino para avanzar en la negociación internacional de las “cláusulas espejo” en el comercio agroalimentario con otros países.
Una de las principales demandas de los agricultores europeos en las protestas de los últimos meses ha sido la de exigir que las importaciones de terceros países cumplan los mismos requisitos que tienen las producciones de la Unión Europea (UE), más estrictos en el uso de productos fitosanitarios, bienestar animal, entre otras cuestiones.
El portavoz de la Comisión Europea en el área de Comercio, Olof Gill, señala a EFE que las “cláusulas espejo” se negocian caso por caso en el marco de la cooperación bilateral con socios, en acuerdos comerciales y foros multilaterales.
El Gobierno español espera que la UE apruebe estas condiciones en la próxima legislatura, si bien todavía no cuenta con el respaldo de la mayoría de los Estados miembros.
En el uso de pesticidas, la legislación europea armoniza los límites de residuos permitidos y fija un sistema de evaluación común para todos los productos agrícolas destinados a la alimentación, en conformidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según el portavoz comunitario.
Gill resalta que la UE está “comprometida con la transparencia continua” en el diseño e implementación de las medidas del Pacto Verde Europeo y colabora en la formulación de políticas con sus socios comerciales, con los que debate los niveles máximos de residuos en el Comité de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC.
Como precedentes recientes, la UE defiende la compatibilidad de su nuevo impuesto sobre las importaciones de carbono desde terceros países con las normas de la OMC, puesto que los importadores pagarán por la huella de carbono de sus productos “el mismo precio” que los productores de la UE, y está recopilando datos antes de empezar a cobrarlo en 2026.
