CSJ semiparalizada por Presupuesto

Tras que el Congreso Nacional pegó el grito en el cielo por la falta de presupuesto, otras instituciones del Estado están a punto de morir asfixiadas por esta situación irregular en que las mantiene el Poder Ejecutivo, sin dar una explicación contundente.

El Congreso Nacional, el primer poder del Estado, está padeciendo la falta de una transferencia presupuestaria correspondiente a los meses de mayo y junio.

La Corte Suprema de Justicia está semiparalizada por el atraso en las partidas de gastos, el organismo encargado de documentar a los hondureños ha paralizado el proceso de emisión de tarjetas de identidad porque, a falta de dinero, no puede mandar a reparar la maquinaria de impresión y así hay varias instituciones que sufren el colapso.

Transferencias

Ante el reclamo de diferentes instituciones que no pueden operar por falta de presupuesto, las autoridades de Finanzas tienen que autorizar transferencias para “apagar el fuego”.

Para el caso, el viceministro de Finanzas, Hugo Castillo, acudió la tarde de ayer a la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para responder a una petición que hiciera el pleno de magistrados.

Informó que en respuesta se hizo a la CSJ la autorización de transferencia de 24 millones de lempiras para el pago del ajuste del salario mínimo a los empleados.

“Estamos tratando de resolver algunos problemas financieros de la Corte, al igual que en otras instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social, Fhis, Fondo Vial, Fosovi, INA, todas las instituciones del Estado están solicitando recursos”, dijo.

Argumentó que esto no tiene nada que ver con la no aprobación del Presupuesto, sólo que los ingresos han mermado y debido a la crisis financiera mundial la mayor parte de instituciones presentan problemas en la ejecución del presupuesto, especialmente en atender necesidades de salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros.

“Estamos atendiendo de acuerdo a las posibilidades financieras del Estado”, manifestó.

Sin embargo, evadió responder a la consulta sobre si el proyecto de la cuarta urna no presenta problemas financieros.