Honduras
La Procuraduría General de la República presentó un estudio jurídico ante el Juzgado de lo Contencioso administrativo, donde se establece que se deben suspender todas las acciones que lleven a la realidad los actos encaminados a realizar una consulta popular, como lo pretende el Poder Ejecutivo.
La procuradora Rosa América Miranda entregó el documento, que aclara que es ilegal la pretensión.
La procuradora explicó que el dictamen determina que se suspendan todos los actos que estén encaminados a llevar a la realidad el decreto ejecutivo PCM-005-2009. Según el escrito, “para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo casi de carácter general emitido por el Poder Ejecutivo por no estar ajustado a derecho”
La abogada señaló que dicho decreto ha sido analizado por tres juristas asesores del presidente, los abogados Efraían Moncada Silva, el ex magistrado Carlos Gómez Moreno y por el reconocido abogado José María Palacios, en cuyo dictamen advierten sobre la ilegalidad de este decreto, donde se establece que “existe la posibilidad real de que el Ministerio Público pueda ejercer acción penal contra los funcionarios que emitieron el Decreto”
Ahora “la decisión está en manos del juez, el señor juez en su discrecionalidad y atribuciones le corresponde definir esto; en los Estados de derecho son los juzgados los que definen esto”, señaló Miranda, tras puntualizar que es él quien debe ponderar lo expresado por la PGR.
La procuradora Miranda fue consultada sobre las amenazas que ha recibido por teléfono. “No quiero referirme a esto, pero sí quiero decirles que si tienen algo que hacer que lo hagan contra mi, pero no contra nadie de la PGR y nadie de mi familia”.
