Honduras
El Congreso Nacional conoció una iniciativa de ley orientada a ordenar una auditoría en la Secretaría de Educación, acompañada de la investigación del Ministerio Público sobre el otorgamiento irregular de plazas.
Los diputados intentarán corregir las fallas cometidas en el sistema educativo al propiciar el nombramiento de maestros sin respaldo presupuestario.
El proyecto fue presentado por el diputado del Partido Liberal por el departamento de Francisco Morazán, Marco Antonio Andino, que paradójicamente ha sido señalado como el principal propiciador del desorden en el nombramiento de maestros sin respaldo presupuestario.
Ocho mil maestros
La iniciativa surge por las irregularidades registradas en 2008 en las direcciones departamentales de Educación, en las que se contrató que alrededor de 8 mil maestros están al margen de ley. Las investigaciones, según el proyectista, deben ser realizadas por el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, y el Ministerio Público para determinar el número de maestros que laboran en todo el país y a cuántos de ellos el Gobierno les adeuda el salario, explicó el congresista.
Cabe mencionar que el TSC ya comenzó a investigar las irregularidades y ha constatado anomalías en unas 12 mil plazas de maestros.
El mismo Gobierno, a través de la Secretaría de Educación, inició hace varias semanas la investigación en todo el país.
Todavía no se conocen los resultados de las investigaciones. Andino detalló que si existen anomalías de "nombramientos fantasma" y pagos a los profesores, se debe aplicar la ley y el dinero que se deje de pagar a los mentores sea utilizado para los gastos de los estudiantes graduandos del presente año lectivo.
Andino argumentó que es necesaria dicha auditoría pues no se sabe a ciencia cierta de cuántos maestros se compone la masa laboral del sistema educativo del sector público.
Andino recordó que el Gobierno nombró recientemente una comisión integrada por los viceministros de Educación y Finanzas y un delegado presidencial para investigar la cantidad de maestros a los que el Estado no les ha cancelado el sueldo.
Este informe no se conoce. Esta clase de investigaciones deben ser realizadas por el TSC y por las oficinas respectivas del Ministerio Público.
