Aprueban moción contra extorsiones telefónicas

El pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad una moción presentada por el diputado nacionalista Mario Alexander Barahona, orientada a que se regule la venta de los chips y teléfonos celulares y a que se abra una oficina para combatir las extorsiones.

Barahona presentó la moción haciendo eco a las publicaciones de diario LA PRENSA sobre ese delito que se ha vuelto una pesadilla para la ciudadanía, particularmente en la zona norte, y al que hasta el momento no hay forma de controlar.

El resto de los diputados, sin dudarlo, apoyaron la iniciativa y la reforzaron al nombrar una comisión de parlamentarios para que se reúnan con los representantes de las tres empresas de telefonía celular y coordinar los esfuerzos para que la extorsión telefónica deje de ser un problema para la ciudadanía.

En su exposición, Barahona indicó que hay muchas personas inescrupulosas que compran chips con la intención de extorsionar y, como su precio es bajo y es fácil obtenerlos, simplemente compran la cantidad que quieren para cometer acciones delictivas contra otras personas y lucrarse ilícitamente.

Para Barahona, lo malo no es la facilidad con que se expenden las tarjetas o chips, sino la falta de control. "Al adquirir el chip el delincuente, cuando empieza a extorsionar, las compañías de celulares se niegan a dar información a la Policía relacionada con el dueño del número desde el cual se hacen las llamadas para cometer el delito, y peor que quieran colaborar para ubicarlo cuando está haciendo las llamadas", explicó Barahona.

Añadió que las empresas de celulares tienen en cada chip el sistema GPS, que mediante las torres ubica el lugar desde donde se hace la llamada, triangulando los registros; de esa forma, con un margen de error de 2 ó 3 por ciento, se puede detectar la ubicación de la persona que llama.

Se necesita nueva ley

Los primeros argumentos que le esgrimieron a Barahona es que falta la nueva Ley de Telecomunicaciones, pero él sabe que no hay que esperar que se apruebe porque antes de eso es posible hacer algo para combatir la criminalidad.

"Que las compañías digan qué tecnología tienen y la validemos porque si no permitiremos que los delincuentes sigan afectando al hondureño. La venta de chip debe seguir siendo libre. El problema es que no hay control. Cualquiera compra 20 ó 30, y queremos regular que, si alguien compra 20, las compañías digan quién los adquirió y cómo localizarlo", argumentó el diputado.

Explicó que el procedimiento actual es que la Policía tiene que esperar días o semanas a que un juzgado ordene a una empresa rendir la información requerida, aunque los secuestros y las extorsiones requieren la mayor inmediatez posible.

"No tenemos una ley de intervención a las telefónicas y por eso la Policía no tiene acceso, pero en casos sonados hasta pueden dar las conversaciones y tienen todos los mensajes. Ellos saben a qué hora y de dónde se llamó y qué dijo la persona. A la mayoría de la ciudadanía le importa este tema porque es un problema que se ha callado, pero llegó el momento de dar la solución", dijo.

La moción aprobada por el pleno establece que "la Comisión Ordinaria de Telecomunicaciones de este Congreso, en conjunto con la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, se reúnan a la mayor brevedad posible, no más de 15 días, con las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil con el fin de determinar las acciones y cambios necesarios para eliminar la venta sin control de las tarjetas sim, chips, las cuales se están utilizando para las extorsiones telefónicas y los secuestros. De esta manera podremos establecer los controles y cambios necesarios para erradicar de una vez por todas este mal que está acabando con la tranquilidad y la vida de nuestros compatriotas".

Oficina contra extorsiones

En la exposición de motivos se solicita a las telefónicas que abran una oficina especial para atender a las personas que denuncien la extorsión para de inmediato ponerse en contacto con la Policía a fin de investigar el caso.

"Que los juzgados puedan librar una orden judicial de oficio para hacer las investigaciones del caso; que se pongan nuevas medidas de control al momento de la venta de estos chips, en las cuales se tendrán que aplicar la huellas dactilares, un recibo de servicios públicos para verificar la verdadera dirección de la casa de habitación del comprador, copia de su cédula de identidad y dos números telefónicos de referencia con nombre de personas que lo conozcan", dice la moción en sus motivaciones.

Luego pide "que las compañías de servicio celular lleven un registro especial para las personas naturales que tengan más de 5 números telefónicos o que adquieran más de 5 chips telefónicos para poder ponerlos en especial vigilancia".

Entre tanto, el diputado Rigoberto Chang Castillo, ex presidente del Colegio de Abogados de Honduras, indicó que uno de los grandes problemas es que en el país nadie es propietario de su número móvil. "Cualquier persona lo abandona, compra otro, y no hay control. Grupos que se dedican al crimen organizado utilizan estos medios para cometer sus ilícitos.

Es importante que la Comisión de Telecomunicaciones revise el estamento jurídico en estos teléfonos móviles porque desde los mismos centros penitenciarios hay una utilización irracional de los reclusos y eso es muy peligroso porque de ahí se ha determinado que salen órdenes para cometer ilícitos", dijo.

Reynaldo Sánchez, diputado por el departamento de Olancho, pidió que se incluyera en la moción que se haga un inventario de todos los números extendidos y a quiénes se les vendieron.

"Al tener un inventario, se tiene que poner más requisitos para la venta de nuevos números porque es inaudito adquirir un número por menos de dos dólares y, con los controles, esto disminuirá el chantaje telefónico que ha traído, aparte de luto y dolor, pérdida de patrimonios y grandes cantidades de dinero", dijo Sánchez.

El diputado democristiano Orle Aníbal Solís Meraz, se sumó al debate de la moción, estableciendo que la Ley Marco de Telecomunicaciones está pendiente de aprobación en el Congreso y quien preside la comisión dictaminadora es la diputada copaneca Elvia Argentina Valle y no se sabe cuáles son las causas para no continuar el primer debate.

Agregó que se hicieron muchas reuniones con funcionarios de gobierno y ejecutivos de las empresas telefónicas, pero el dictamen no continuó en su discusión y es justamente en el marco de esa ley en que las inquietudes de Barahona podrían resolverse.

"La solución está en el dictamen de la Ley de Telecomunicaciones; ahí se proveen todos estos aspectos para hacerle frente a esta situación delicada porque ahora los teléfonos son la mayor arma de los delincuentes y tenemos dormida la ley".

el diputado santabarbarense del izquierdista Unificación Democrática, Óscar Mejía, dijo que las distribuidoras buscan alguna salida porque toman datos al momento de la compra de un teléfono, pero el problema está al adquirir el chip.

Quien compra más de un chip lo hace con segunda intención porque el teléfono se arruina y el chip sigue bueno y se adquieren fácilmente. Ha habido casos en que los delincuentes le hacen hasta 20 llamadas al día a la víctima para extorsionarla y cada llamada es con número distinto.

Responden a llamadas

Gracias al plan de la denuncia personalizada puesto en marcha por la Policía en San Pedro Sula, la incidencia del pago de extorsiones ha bajado.

En los dos días en que se ha aplicado este dispositivo, unas 65 posibles víctimas de los delincuentes se han salvado de caer en la trampa de los extorsionadores por el asesoramiento y la información que les ha dado la Policía.

Uno de los denunciantes es el pastor de una iglesia evangélica que era extorsionado por supuestos miembros de pandillas.

El comisario Elvin López, jefe del Distrito Policial número 42, dijo que un pastor le habló a su celular después de que vio publicado en Diario LA PRENSA su número de teléfono en uno de los reportajes sobre la prevención de extorsiones.

López dijo que a este líder del cristianismo los delincuentes le exigían con amenazas de muerte que les diera una gran cantidad de dinero y lo iban a dejar de molestar.

"El denunciante me llamó el primer día que salieron por LA PRENSA los números de teléfonos de cada jefe de los distritos policiales y me dijo: "Quiero pedirle un favor. Me están amenazando por celular y me dicen que con la ofrenda que dan los feligreses les consiga una fuerte suma de dinero", relató el comisario.

López dijo que de inmediato se pusieron de acuerdo con la víctima y éste les dijo que el martes por la noche los delincuentes iban a llegar en un vehículo gris a recoger el dinero a la casa del pastor. "Después mandé dos motorizados a que patrullaran los lugares cercanos a la casa del denunciante que pidió orientación y ayuda. Los que estaban extorsionando llegaron, pero al ver la presencia policial no pudieron concluir el pago de la extorsión", aseveró el jefe del Distrito Policial 42, que comprende el sector Rivera Hernández.

López explicó que, aparte del religioso, acordó reunirse ayer con otras víctimas, a cuyos casos se les dará seguimiento preventivo y de investigación.

"Las personas que han llamado y han pedido colaboración, orientación e información eran posibles víctimas y ya no lo serán porque están siguiendo nuestras recomendaciones", explicó el oficial.

El coordinador de la Fiscalía, Rafael Fletes, dijo que hoy a las diez de la mañana se celebrará la reunión con todos los operadores de justicia y representantes de las compañías telefónicas para plantear nuevas estrategias para el combate contra extorsionadores y secuestradores. "Esperamos que asistan", dijo Fletes.

Jueces están dispuestos a apoyar

La coordinadora de los tribunales de lo Penal, Norma Iris Coto, dijo que los jueces están anuentes a ayudar en todo momento.

"Son tres días para resolver una petición. Eso ya está reglamentado, pero cada vez que a la Fiscalía le interesa resolver un caso, le ayudamos antes de los tres días establecidos", aseveró Coto.

La togada explicó el proceso para aprobar las solicitudes de intervención telefónica que requiere el Ministerio Público.

"Después de la investigación de un caso de extorsión o secuestro, la Fiscalía emite una solicitud de intervención celular al juez, que tiene tres días para resolver.

Tiene tres días porque debe analizar la solicitud y buscar otras opciones para no recurrir a la intervención del teléfono", detalló la abogada. Coto agregó que las veces que la Fiscalía la ha llamado para que presione a un juez a aprobar las solicitudes, lo ha hecho. "Cuando el Ministerio Público quiera que agilicemos un trámite, lo vamos hacer y es más: si los jueces pueden resolverlo en el instante, se va a hacer", señaló Coto. Añadió que las autoridades deben hacer funcionar otra vez los bloqueadores en el presidio. "Se sabe que del centro penal sampedrano salen muchas llamadas para extorsionar o planear otro delito relacionado con el crimen organizado; debido a ello es sumamente importante que vuelvan a funcionar los bloqueadores de llamadas".

Recomendaciones

• Si tiene identificador de llamadas y recibe una llamada de un teléfono desconocido, no conteste.
• Si contesta y le dicen que son de alguna mara o del crimen organizado y le exigen dinero, corte la comunicación.
• Si las llamadas persisten y el suyo es un teléfono fijo, desconéctelo por 24 ó 48 horas.
• Si es un teléfono móvil, apáguelo de inmediato o cambie de chip preferiblemente.
• Instruya a sus empleados para que no den datos de su familia a personas desconocidas que llamen.
• Los extorsionadores suelen identificarse como trabajadores de empresas de servicio para sacar información.
• Llame a la Policía Preventiva o de Investigación si está recibiendo llamadas para extorsionarlo.

"La próxima semana abriremos una oficina en San Pedro Sula dedicada sólo a atender denuncias de extorsiones".

Mario Perdomo
Viceministro de Seguridad

"Las llamadas que hemos recibido han sido para orientar e informar a personas que están sufriendo extorsiones".

Leonel Sauceda
Jefe del Distrito Policial 21