Muertos también se ven afectados por sanciones

Hasta los muertos son afectados por la suspensión de la ayuda internacional.

En el marco del Programa de Apoyo a la Modernización de la Justicia Etapa II, el anterior Gobierno suscribió un acuerdo de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por cinco millones de dólares (unos 95 millones de lempiras al cambio local) para financiar la obra de construcción del Centro de Ciencias Forenses, CCF, donde hoy está la morgue capitalina.

La colocación de la primera piedra de dicho centro fue el pasado cinco de diciembre; sin embargo, el fiscal general Luis Rubí informó de la paralización de labores de construcción. La razón es el incumplimiento del segundo desembolso que prometió el BID, que asciende a 60 millones de lempiras y que serviría para terminar el edificio. El primer desembolso ejecutado fue de 35 millones.

Se presume que no se remite el segundo desembolso por lo acontecido el 28 de junio. “El Estado tiene la obligación de terminar la obra. Se buscarán otros fondos, que pueden ser propios, pero no se va a paralizar”, manifestó el fiscal general. Se tomará un tiempo prudencial y si no se recibe el segundo desembolso, se dará por rescindido el préstamo del BID bajo su responsabilidad y no del Estado de Honduras, añadió. El incumplimiento del contrato expone al BID a problemas legales. “Es un préstamo, no donación.

Eso obliga e incurre en responsabilidades”, dijo Rubí. Los representantes del BID fueron convocados por las autoridades del MP para que expliquen por qué no hacen el segundo desembolso. Para abril de 2010 estaba prevista la conclusión del moderno CCF.