Ticos aspiran a convertirse en exportadores de combustibles

¿Sí a China o no a China? Es la pregunta que podría definir el futuro de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

La promesa de una inversión por parte de China National Petroleum Corporation International (Cnpci) de mil millones de dólares en infraestructura de refinación y construcción de una nueva refinería por 6 mil millones que le permitiría al país transitar de importador neto a exportador de combustibles, sedujeron al gobierno de Óscar Arias, tras retomar las relaciones diplomáticas con el país asiático en 2007. Pero nada es claro sobre cómo se concretará esta inversión, ni cuándo operará. Especialmente tras la sorpresiva voltereta con que Arias se declaró contrario a retomar la exploración y eventual extracción de combustibles en el suelo marítimo costarricense, donde se han detectado bloques prometedores.

Ahorro

Debido a la escasa capacidad de refinación costarricense, el abastecimiento de combustible requiere la importación del producto terminado, a un costo mayor que la importación de petróleo crudo. La aventura conjunta con Cnpci “implicaría un ahorro de al menos 10 dólares por barril y hasta 200 millones anuales”, según un portavoz de Recope. El cumplimiento del acuerdo redundaría en la ampliación de la capacidad de procesamiento de la refinería ubicada en Moín de 25 mil barriles diarios a 60 mil. Desde la Casa de Presidencia se aclara que “se puede obtener en el mercado internacional el suministro de la materia prima, por lo que no sería indispensable que Recope desarrolle actividades extractivas”.

En noviembre de 2008, finalmente se firmó el acuerdo gestado tras el acercamiento entre ambos países, luego que Costa Rica rompiera relaciones con Taiwán, algo que, se esperaba, reportara beneficios económicos. Pero un bochornoso rechazo de parte de la Contraloría General de la República puso freno en marzo al contrato entre China National Petroleum Corporation International y la estatal centroamericana.

Recope insiste en responder a los reparos expuestos en el dictamen de la CGR para permitir el avance de una inversión que el vocero de la empresa califica como “absolutamente necesaria”.

Déficit

La empresa terminó 2008 con un déficit cercano a 230 millones de dólares. Sin embargo, el repentino giro en la postura oficial frente a la exploración y explotación de hidrocarburos propone nuevas dudas sobre cómo se concretaría tal acuerdo. “Creo que la posibilidad por la que Costa Rica le era atractiva -a China- era menos la parte de refinamiento y más la parte de exploración petrolera”, dice René Castro, profesor adjunto de Incae y ex vicepresidente de la estatal.

A comienzos de año, la CGR determinó que no había claridad sobre la eventual participación de una tercera empresa, constituida entre Recope y Cnpci, en el negocio de refinación y venta de combustible, que es monopolio estatal.

Además, objetó al financiamiento del proyecto, debido a que la refinadora no está autorizada a emitir bonos. Pero Recope insiste en que retendrá su independencia. Según sus voceros, la empresa conjunta sólo se encargará de “realizar el estudio de factibilidad, obtener el financiamiento, desarrollar la refinería y arrendársela a Recope.

Además, durante el período de arrendamiento será responsable del mantenimiento de las instalaciones”.

No parece un alcance tan limitado, aun si Recope retiene su estatus jurídico, y la nueva empresa quede fuera de su estructura.

Beneficios

Los beneficios para el país centroamericano están claros, pero para China no tanto, ya que no contaría con el control de una nueva fuente de abastecimiento de materias primas. Aunque en el Gobierno quieren creer que sí.

Según la Casa Presidencial, los chinos obtienen el beneficio estratégico de establecerse en Centroamérica. Según Recope, la nación asiática se beneficiaría de “establecerse en la región: el mismo acuerdo establece la posibilidad de en un futuro desarrollar una refinería de exportación”.

No queda claro cómo la anhelada segunda refinería se abastecerá para producir hasta 200 mil barriles por día (bpd). Sólo que la instalación proyectada convertiría a Costa Rica en exportador de los combustibles que actualmente importa.

Según Gilbert Brown, presidente del Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia): “entrar a Costa Rica por su perfil ambientalista, sería incluso positivo para la imagen de China”.

El factor mexicano

Pese a que Recope no comenta sobre otras posibilidades de financiamiento para este proyecto -de fracasar el romance con Pekín-, Castro señala que durante el gobierno del presidente Vicente Fox hubo conversaciones con México. “Luego, asumió el poder Calderón, cambiaron también las prioridades y dejó de ser rentable la propuesta mexicana porque bajó mucho la garantía de suministro”.

El país requiere la capacidad de refinar unos 250 mil bpd para proveer a sus vecinos, pero “la oferta mexicana había bajado, de ese monto, a 80 mil”.

La oferta china sólo generaría más bpd que la inversión mexicana si es que se construye, efectivamente, la segunda refinería.

Desarrollo versus conservación

Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asegura que para autoabastecerse y exportar excedentes, Costa Rica debe invertir 4 mil millones de dólares a 2015 en infraestructura petrolera, especialmente en capacidad de refinación.

Por la misma razón, Sitrapequia apoya el planteamiento de la empresa frente a la CGC.

“Nosotros apoyamos el acuerdo, siempre que no implique iniciar exploraciones petroleras en el territorio costarricense”, dice Brown, haciendo eco de la postura ambientalista gubernamental. Ya que se requiere modernizar las instalaciones para mejorar la calidad del combustible. “China ha sido muy activa en el mundo invirtiendo en energía, para asegurarse acceso a fuentes presentes y futuras”, expresa Castro, pero, por ahora, el suelo marítimo costarricense quedará vetado para los taladros asiáticos.

El objetivo nacional de eliminar su huella de carbono antes de 2021 y de promoverse como gema natural es mucho más popular entre la opinión pública, que rechaza el desarrollo de actividades extractivas.