Romeo Vásquez sigue siendo el jefe de las FF AA

Hay alerta máxima general en las Fuerzas Armadas de Honduras. Todos están al pie del cañón, algunos ya en las calles para resguardar o intervenir en lo que sea necesario ante el caos político-social generado por el Poder Ejecutivo al insistir en llevar a cabo la consulta popular el domingo, pese a ser ilegal.

La noche del miércoles, los hondureños estuvieron en vilo ante la acción del presidente Manuel Zelaya Rosales al destituir al coronel Romeo Vásquez Velásquez; sin embargo, horas después, la Corte Suprema anuló la decisión.

Vásquez sigue siendo el comandante general del Ejército, pues obedeció la Constitución de la República al no respaldar la consulta popular del próximo domingo. Así lo determinó la Corte Suprema de Justicia.

El despido del general despertó la solidaridad de los comandantes del Ejército, Miguel Ángel García Padget; de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; y la Fuerza Naval de Honduras, Juan Pablo Rodríguez, que dejaron sus cargos por no estar de acuerdo con la consulta de la “cuarta urna”. El ministro de Defensa, Edmundo Orellana Mercado, también presentó su renuncia.

La incertidumbre

Después de que la consulta que promueve el Poder Ejecutivo fuera declarada nula por los órganos del Estado, el pueblo hondureño estaba en espera y con incertidumbre sobre cuál sería la decisión de las Fuerzas Armadas.

El comandante Vásquez Velásquez había anunciado que analizaría la petición del mandatario de resguardar las más de 15 mil urnas que pretende instalar en todo el país el próximo domingo.

“Las Fuerzas Armadas respetamos la ley. En el marco de lo que la Constitución manda, no podemos pronunciarnos, ya que lo que hacen con nosotros es darnos una orden. ésta debe estar sujeta a un proceso de verdadero análisis. Analizamos las cinco preguntas principales y objetivas, qué, por qué, cómo, cuándo y dónde, para tener una decisión apegada a las leyes de la Constitución y tomar la determinación de darle trámite o no cumplirla por encontrarse fuera de orden”, dijo Vásquez a la prensa nacional en marzo de este año.

Escucharon al pueblo

Sin duda, la petición de la mayoría de los hondureños fue escuchada.

A través de marchas, foros y en los medios de comunicación, los ciudadanos emitían mensajes para que no traicionaran la Constitución.

Aunque no lo habían confirmado, las declaraciones de Vásquez eran coherentes con la decisión que tomó al final.

“En Honduras se vive desde ya un ambiente político en el cual no queremos involucrarnos. En lo que sí debemos involucrarnos y asegurarnos es en desarrollar planes estratégicos a largo plazo de cómo garantizar la democracia en el país. Si el Ejército es requerido para participar, vigilar y custodiar las urnas de junio por el mandatario, estaremos enmarcados en lo que nos dicen las leyes. No podemos mandar a nuestros soldados al frente de la batalla sin tener seguridad en el tema, ya que se juega con seres humanos y leyes del Estado. Nos basamos en el pensamiento estratégico, que nos lleva al camino de los fines, maneras y medios”, había expresado.

Las iglesias evangélicas les pidieron públicamente a las Fuerzas Armadas, durante la multitudinaria marcha del martes pasado en San Pedro Sula, que no traicionaran al pueblo.

“No nos vaya a decepcionar poniéndose al lado de los que quieren prostituir más al país. Cuide y vigile la Constitución de la República”, dijo en su mensaje el líder cristiano Misael Argeñal.

La noche del miércoles, el presidente Zelaya sorprendió a pocos minutos para las diez de la noche cuando, en cadena nacional, anunció la separación del comandante Romeo Vásquez Velásquez.

Hubo alegría y tristeza en la población, pues con la noticia se confirmaba que el instituto armado estaba con la Constitución y la legalidad, pero había temor a lo que se avecinaba.

Las reacciones no se hicieron esperar. Los medios de comunicación anunciaron la renuncia solidaria de los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Naval.

El fiscal general de la República, Luis Alberto Rubí, anunció que la destitución del jefe del Estado Mayor Conjunto era ilegal, pues él había cumplido con la Constitución al desobedecer al presidente Zelaya y honrado a Honduras. Ayer, los fiscales del Ministerio Público presentaron un recurso de amparo para la restitución.

Ayer mismo, la Corte Suprema de Justicia anunció que la decisión de Zelaya quedó sin efecto, por lo que el comandante Romero Vásquez sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas.

El Congreso Nacional también desaprobó la acción del Poder Ejecutivo y alabó la actitud de las Fuerzas Armadas.

Llamó a la prudencia

El comandante Romeo Vásquez Velásquez respondió con la dignidad en alto ante el anuncio de Zelaya. “Cumplí con mi misión y la del pueblo hondureño”, fue su primera reacción. Afirmó que siempre tuvo lista su “mochila” para dejar el cargo cuando se lo solicitara el Presidente.

El comandante de las FF AA argumentó que la institución bajo su mando estaba en “dificultades” porque tenían que decidir entre obedecer las órdenes del presidente de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, y la resolución de las autoridades judiciales que prohibieron la consulta popular que pretende realizar el Ejecutivo el domingo 28 de junio.

Vásquez Velásquez pidió a la población hondureña que actuara con “prudencia y mantuviera la tranquilidad” ante el momento “histórico” que está viviendo el país.

“Los hondureños pueden estar seguros de que tienen una institución profesional que vela por mantener el sistema democrático”, afirmó.

En una rueda de prensa, el general negó los rumores de que tomaría el cargo de ministro de Defensa dejado por Orellana. “Hay principios que no se deben violar en las FF AA”, comentó.

Zelaya, ayer, después de liderar una turba que ingresó en la Fuerza Aérea para reclamar el material de la encuesta del domingo, dijo que hoy retomaría el diálogo con el comandante del Estado Mayor Conjunto, Vásquez Velásquez.

Corte Suprema actuó unánimemente en fallo a favor del jefe del Estado Mayor

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia dio a conocer a la prensa la resolución optada por unanimidad. Citaron el artículo 280 de la Constitución, que establece que el jefe del Estado Mayor Conjunto será nombrado o removido libremente por el presidente de la República.

Expusieron que el artículo 40 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, en el decreto 39-2001, establece que el jefe del Estado Mayor Conjunto tendrá una duración de tres años en su cargo y sólo será removido por renuncia, incapacidad absoluta, inhabilitación del cargo por sentencia firme y pérdida o suspensión de la ciudadanía decretada por autoridad competente de conformidad con la ley y por finalizar su tiempo de servicio activo en las FF AA.

Se aclara que la acción de amparo se interpone aún cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no conste por escrito.

“Considerando: Que de lo expuesto por los recurrentes en sus escritos de interposición se aprecia que éstos denuncian una grave e inminente violación de los derechos fundamentales del agraviado Romeo Orlando Vásquez Velásquez al separársele de manera arbitraria de su cargo”, dice el fallo.

La Sala Constitucional cita el artículo que establece que “los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”.

Al enmarcarse la relación fáctica expuesta por los recurrentes, los magistrados exponen su fallo.

“Por tanto: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 1, 62, 80, 82... de la Constitución de la República..., y demás aplicables a la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone: 1) Para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, acumular las acciones de amparo intentadas.... 2) Admitir los recursos de amparo de mérito; 3) Decretar bajo la responsabilidad de los recurrentes la suspensión provisional del acto reclamado”.

El proceso del amparo continuará hasta dictar sentencia; mientras, la suspensión del acto impugnado continuará vigente.