Unen fuerzas para evitar despidos en Honduras

Los representantes legales de la cúpula empresarial de todo Honduras ya trabajan en la elaboración de los recursos de amparo que presentarán desde la próxima semana ante la Corte Suprema de Justicia para impugnar un decreto ejecutivo en el que se aumenta el salario mínimo a 5,500 lempiras mensuales en el área urbana y en la rural a 4,055.

Luis Larach, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés pide a todos los empresarios afiliados que se presenten a las oficinas de este organismo con la documentación necesaria para que sea enviada al Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep.

En Tegucigalpa, una docena de abogados al mando del asesor jurídico del Cohep, Armando Urtecho, conocieron ayer las primeras 60 solicitudes de empresas diseminadas en todo el país, interesadas en impugnar el ajuste salarial.

Más: Cifra de despidos se conocerán mañana

Mario Bustillo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, mencionó que cerca de 20 empresas capitalinas, entre industrias, comercios y empresas de servicio, están anuentes a emprender una acción jurídica.

Los empresarios esperan que les admitan los recursos de amparo en la Corte Suprema con suspensión del acto reclamado para dejar sin valor "el incremento desmedido" al salario mínimo aprobado por el Gobierno el 24 de diciembre del año recién pasado y que está vigente desde el 1 de enero del presente año.

Según los miembros del Cohep, ésa sería la principal medida para evitar que sigan los masivos despidos en las empresas del país. Desde el pasado lunes se ha observado que permanecen llenas las oficinas regionales del Ministerio del Trabajo en ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa.

Deben afrontar crisis

Amílcar Bulnes, presidente del Cohep, apuntó que desde comienzos del mes hasta la fecha en todo Honduras se ha despedido a cerca de 15 mil trabajadores y advirtió que esta situación puede tornarse en una crisis porque el recorte de personal se agudizará al máximo.

El líder del Cohep manifestó que es urgente que las centrales obreras, el Gobierno y los empresarios hallen un momento para dialogar y frenar los despidos, ya que los afectados son los hondureños porque no encontrarán otras fuentes de empleo por la crisis.

Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, recalcó que las compañías de seguridad no tienen dinero para pagar prestaciones, por lo que advirtió que existe el peligro de que, como un seguro para recibir sus beneficios laborales, los vigilantes se lleven a casa las armas de reglamento que tienen asignadas. A los altos mandos de la empresa privada les confirmaron que en el resto del mes quedarán desempleados, entre las empresas de seguridad e higienizadoras, unos 200 mil trabajadores.

Facussé solicitó a los candidatos a la Presidencia por el Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa, y por el Liberal, Elvin Santos, que dialoguen con las partes en conflicto a fin de encontrar soluciones válidas.

El industrial sostiene que el próximo Presidente deberá enfrentar un pago de 15,000 millones de lempiras.

Roberto Arturo Caballero, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Industriales de Honduras, Anmpih, anunció que sólo las pymes despidieron a cerca de 600 trabajadores en todo Honduras.

Recientemente, Carlos Uclés, presidente regional de la Anmpih en Tegucigalpa, relató que despedirían a 10 mil obreros de las micro y pequeñas industrias porque no podrán pagar el nuevo salario.

El principal problema de los microempresarios en todo el país es que todos los bancos les han restringido los préstamos.

Los máximos líderes de las pymes aseguran que no se endeudarán para cancelar salarios altos.

Sólo les queda exigir mejor productividad y mayor eficiencia a los pocos empleados que dejarán laborando.

"No hay razón para despedir" Armando Sarmiento, titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI, manifestó que las grandes empresas no tienen razón de despedir empleados porque obtuvieron jugosas ganancias.

"En 2007, los grandes contribuyentes o compañías sólidas reportaron en ganancias uno s48 millones de lempiras".

Sarmiento dijo que no tiene el dato de 2008 porque el año fiscal termina en abril de 2009.

Pacto es ilegal: ministra

Mayra Mejía, ministra del Trabajo, señaló que es ilegal el arreglo que proponen los empresarios de pactar directamente con los empleados el nuevo salario mínimo por debajo de lo decidido por el Presidente.

La funcionaria indicó ayer, en conferencia de prensa, que tienen listo un estudio legal en el que demostrarán que es imposible la intención del empresariado de consensuar el aumento salarial.

Mejía fue clara en que ni con el nuevo salario mínimo el ciudadano podrá satisfacer todas las necesidades básicas de una familia, pues sólo se tomó en cuenta el costo de algunos alimentos y no de otros elementos como el acceso a salud, transporte y educación.

"Parece que el caos fue provocado"

German Leitzelar, ex ministro del Trabajo, incitó a pensar por el país y no en intereses de grupos sociales ni políticos porque es lamentable el caos de los despidos por el aumento salarial.

El abogado dijo que el Gobierno no tomó esa decisión con la responsabilidad requerida y debió mejorar las condiciones.

¿Qué opina del pacto que esperan realizar los empresarios con los trabajadores?

El salario mínimo, al ser fijado por el Estado, se convierte en un mínimo de garantía.

Si la presidencia de la República emitió una resolución violenta de las condiciones del mercado, deben buscarse mecanismos legales para resolver el problema.

Si se hacen arreglos, corren el riesgo de que si trabajador los firma, la Secretaría del Trabajo los considere nulos y exigir que se cumpla lo que manda la ley, aplicando multas. El otro punto es que si el trabajador, después de firmarlo y que la autoridad le informe que no es legal lo que se hizo, tiene derecho de que se le restituyan todos los valores que no se le pagaron y tiene un término de dos años para que prescriba este derecho.

¿Las impugnaciones son válidas?

Sí. Los empresarios las podrán sustentar con que el decreto violenta garantías constitucionales.

¿Qué posición debe tomar el Gobierno?

El Gobierno debe llamar a los sectores, sentarse a dialogar y buscar soluciones que puedan equilibrar este conflicto y hallar respuestas que puedan detener esa ola de desempleados.

¿En qué finalizará el conflicto? ¿Fue provocado?

Parece que el Gobierno provocó el caos porque no busca soluciones. Siento que hay una actitud de revanchismo entre sectores por demostrar quién tiene más poder, llevándose de encuentro a toda la sociedad hondureña y creando una crisis que nos provocará graves problemas o muchos más de lo que se esperan con la crisis económica. Si sigue esto, nos podría llevar a romper la seguridad jurídica y el orden institucional del proceso electoral.