Siguen destapando actos de corrupción

La violación de las cláusulas establecidas en el acuerdo de liquidación de cuentas contraído con la desaparecida empresa LatiNode Inc., de Estados Unidos, generó millonarias pérdidas a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel. Lo anterior quedó evidenciado una vez más en los documentos presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría General del Estado en la audiencia contra Marcelo Chimirri, ex gerente de la estatal y uno de los supuestos responsables de las millonarias pérdidas.

Según expediente judicial, Hondutel facturó 26 millones 126 mil 592.09 dólares y LatiNode sólo canceló $ 21 millones 288 mil 551.26, produciéndose una cantidad pendiente de pagar a Hondutel de 4 millones, 838 mil 040.83 dólares.

Una de las cláusulas del acuerdo es que a los cinco días siguientes de no haber efectuado el pago se suspendería el servicio al carrier, pero esto no pasó a sabiendas de la mora de la empresa con la compañía telefónica hondureña. Según el documento judicial, Hondutel, desde mayo de 2006, dejó de recibir los reportes estadísticos mensuales de las llamadas, minutos y valores monetarios realizadas por LatiNode, de conformidad con una de las cláusulas suscritas en el acuerdo.

Redujeron tarifas

El mismo expediente refiere que se realizaron varias rebajas a las tarifas; por ejemplo, las de 0.15 fueron rebajadas a 0.13 y las de 0.16 se redujeron a 0.15 y 0.14 de dólar.

La red de Hondutel, según valor de 0.13, facturó, de la segunda quincena de noviembre de 2006 a junio de 2007, la cantidad de 503 mil 629.14 dólares. Si se hubiera operado a la tasa real de 0.15, la estatal hubiese cobrado 581 mil 110.78 dólares, lo que acarreó una pérdida de 77 mil 481.44 dólares (casi millón y medio de lempiras).

Mientras, en la disminuida tarifa de 0.14 y 0.15 de dólar se facturó, durante el mismo periodo de noviembre de 2006 a junio de 2007, el monto de siete millones 067 mil 936.26 dólares. Si se hubiera hecho la operación con la tasa debida, que es de 0.16, Hondutel hubiera cobrado siete millones 664 mil 690.92 dólares, siendo la diferencia de 596 mil 754.66 dólares (más de once millones de lempiras).
MP busca a funcionario “A”

El Ministerio Público estableció que se sigue investigando el caso, ya que las otras personas contra las que se presentó requerimiento fiscal pudieron acreditar cuentas bancarias y depósitos a sus cuentas personales. “En este caso esta persona (funcionario A) se encuentra investigada. Hay diligencias en otros países que están pendientes de llegar a Honduras”, manifestó el fiscal contra la Corrupción, Milton Salgado.

Específicamente se trata de documentación certificada solicitada a órganos de justicia de Estados Unidos y Guatemala. “Cuando se mande de otros países esas diligencias y se pueda individualizar esas responsabilidades, en ese momento el Ministerio Público tendrá la facultad de actuar”, manifestó el fiscal.

Antecedentes

LatiNode confesó en abril ante una corte de Florida que había dado sobornos a funcionarios por 1.09 millones de dólares, casi 22 millones de lempiras.

Admitió que de marzo de 2004 a junio de 2007 canceló $1,099,889 en pagos a terceros. Aceptó que realizó estos pagos a cambio de obtener un acuerdo de interconexión con Hondutel y obtener tarifas reducidas.

Los pagos fueron realizados de la cuenta de LatiNode, aprobados por ejecutivos de alto rango.

Los destinatarios incluyeron un miembro del comité de evaluación responsable de otorgarle a Hondutel acuerdos de interconexión, el subdirector, quien luego ocupó el puesto de gerente, de Hondutel y un abogado de alto rango de Hondutel.

Según el expediente, los involucrados son Marcelo Chimirri, Hernán Jacobo Lagos y Jorge Rosa Zelaya, ex gerentes. También Óscar Danilo Santos, ex asesor y ex jefe del departamento de Procuración, y Julio Daniel Flores, ex auditor interno del TSC adscrito a Hondutel.

Inhabilitan a aspirantes que no renunciaron a tiempo

Un total de 138 funcionarios públicos que aparecen en las planillas como candidatos a cargos de elección popular quedaron inhabilitados por no haber renunciado antes del 28 de mayo, cuando el Tribunal Supremo Electoral, TSE, hizo la convocatoria a elecciones.

Otros 33 aspirantes a diputados, alcaldes y regidores están a punto de quedar fuera de las planillas porque están morosos con la hacienda pública por no haber desvanecido reparos que oscilan entre mil y cien mil lempiras.

Un informe del Tribunal Superior de Cuentas entregado al TSE precisa que todos los funcionarios públicos -de diferentes categorías- tenían que haber renunciado seis meses antes de la celebración de las elecciones, pero se quedaron callados, devengando los altos salarios.

Entre estos servidores del Estado hay de los dos gobiernos, unos que acompañaron al depuesto presidente Zelaya y otros que forman parte de la estructura gubernamental de Roberto Micheletti. Aun y cuando ellos quisieran renunciar, ya no podrán quedar en las planillas porque la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas los inhabilita, dijeron magistrados del TSE.