Honduras
Las constantes denuncias de los derechohabientes tuvieron eco. El subcomisionado de los Derechos Humanos, Wilfredo Castellanos, se presentó al área de farmacia del Seguro Social para constatar la falta de medicamentos y el maltrato a las personas de la tercera edad.
Es el caso de doña Eleodora Banegas, que llegó al centro asistencial a las seis de la mañana y tuvo que esperar cinco horas para que al llegar a la ventanilla le dieran un rotundo "no hay".
La mujer de 67 años permanece en tratamiento para la presión, osteoporosis, problemas en las venas y el colon. De las dos recetas que llevaba le tocará comprar una.
Doña Eleodora recibe 600 lempiras al mes por jubilación y con esa cantidad paga 40 lempiras de pasaje cada vez que le toca ir a cita, compra su comida y ajusta para los fármacos que no tienen en la farmacia del Seguro Social.
"Dejo de comprar los frijoles por comprar la medicina", expresó la angustiada mujer mientras salía por la puerta de la farmacia con una receta en la mano.
Casos como éste son muy comunes en este centro asistencial, donde las quejas son innumerables.
Encuentran irregularidades
"Vinimos a hacer una inspección para constatar el desabastecimiento y la inadecuada forma de tratar al paciente, sobre todo a las personas de las tercera edad. Las dos cosas las hemos comprobado", afirmó el subcomisionado de los Derechos Humanos, Wilfredo Castellanos.
Según él, hay desorden en esta área, además de que no reúne condiciones para los derechohabientes que durante toda su vida laboral han hecho aportaciones.
"De cada cinco recetas sólo se van con dos medicamentos. Ingresamos en la farmacia y comprobamos el desabastecimiento", señaló el funcionario.
Indicó que harán un informe con recomendaciones a las autoridades para mejorar las instalaciones del área y habilitar una segunda ventanilla para los adultos mayores.
Se enviará otro informe a las autoridades de la Fiscalía de Protección al Consumidor y la Tercera Edad para que también intervengan.
Incurren en delito
El subcomisionado indicó que con estas irregularidades se atenta contra el bienestar de los pacientes.
"A una persona de la tercera edad le dijeron en ventanilla que no había dos tipos de medicamentos y corroboramos cuando fuimos a la bodega que sí existía el fármaco", señaló Castellanos.
Añadió que el Seguro Social es una institución descentralizada del Estado y obligada a respetar los derechos del enfermo.
"Si no respetan los derechos del paciente incurrirían en violación de los deberes de los funcionarios públicos y atentarían contra la salud", apuntó el funcionario, que junto a cuatro investigadores dará seguimiento a las denuncias.
