Fiscalía acusará a transportistas

La Fiscalía del Consumidor procederá, vía requerimiento, contra varios transportistas del corredor López Arellano y demás colonias por abusos en perjuicio de la tercera edad, agiotaje e incumplimiento de las rutas asignadas.

Ayer se reunieron los transportistas del sector cuestionado, quienes a través de una asociación que han fundado presentarán en su descargo una solicitud de suspensión por criterio de oportunidad. Los dueños de buses firmaron un acta ayer con la Dirección Regional del Transporte para redituar el convenio con ellos que ya se había negociado y cuyos puntos son cobrar la tarifa autorizada entre Cerro Verde y San Pedro Sula de ocho lempiras y cumplir con la ruta establecida en el horario autorizado de cinco de la mañana a 9.30 de la noche.

Con respecto a los taxis colectivos, la Fiscalía no tiene ninguna acción programada porque el ministro de Transporte anunció que la tarifa de los colectivos está liberada y la oferta y la demanda regulan esa actividad, dijo Gustavo Mejía Perla, fiscal del Consumidor.

La nueva acta se firmó ayer entre las autoridades regionales de Transporte y la Federación de Transportistas del Sector López Arellano. Un motorista de esa ruta dijo que hay acuerdos entre los dueños de los buses y las autoridades, pero ellos son los últimos en saberlo y cuando la comunicación falla, las medidas no se cumplen. Nelson Fernández, presidente de esa organización de transportistas, expresó que los despachadores son los responsables de explicar al personal las medidas convenidas para que nadie se excuse de ignorarlas.

Abuso

El abuso más frecuente en este corredor es el llamado "avioncito", que consiste en que a la hora de la salida del parque maquilador los rapiditos de Cerro Verde sólo llegan hasta la López Arellano, allí bajan los pasajeros que vienen a San Pedro Sula y Éstos tienen que abordar otro bus y volver a pagar el mismo valor para llegar a la ciudad.

La flota de unidades de este sector está compuesta por 240 buses, cien de los cuales tienen capacidad para treinta pasajeros y ciento cuarenta para quince personas.

La inversión en ésta a precios comerciales ronda un mínimo de 180 millones de lempiras, informaron los directivos de la federación.

El motorista de un rapidito paga una tarifa diaria de 600 lempiras al dueño de la unidad, pero la jornada del bus produce también el pago del combustible, del ayudante y el propio salario del chofer.

Por esa razón, los motoristas compiten entre sí a fin de hacer el dinero necesario para afrontar esos costos.

Según los propietarios de las unidades, la Fiscalía no tiene por qué supervisar a los transportistas porque esa función le corresponde a la Regional del Transporte, pues el ente fiscal está para atender denuncias e investigarlas.

No hay control

Otro inconveniente para aplicar cambios es que entre los motoristas y sus empleadores no existe un contrato de trabajo, sino un acuerdo verbal, en que el dueño del bus sólo confirma la licencia de manejar y la experiencia del chofer para darle la unidad y que le pague la tarifa.

No hay seguro de vida que proteja al motorista ni al ayudante, mucho menos al pasajero.

En el caso de buses nuevos, los dueños negocian con una aseguradora la protección del chofer y el ayudante y apenas un pasajero por la mínima cantidad de 6,500 lempiras en caso de accidente.

• El 40 por ciento de los conductores de rapiditos del sector López Arellano son sus propietarios y dan mejor servicio.
• El 60 por ciento de los choferes de ese corredor alquilan los buses y su servicio al usuario es deficiente, según las autoridades.