Transporte a merced de los pandilleros en San Pedro

"Dejé de trabajar como motorista porque no me ajustaba el dinero pues tenía que pagarle a los mareros el ‘impuesto de guerra’".

Éste es el relato de "René", un motorista de la ruta de buses de la Rivera Hernández, quien después de haber recibido varias amenazas a muerte prefirió buscar otro lugar donde vivir.

"Estoy buscando una unidad para volver al trabajo pero me da miedo que dañen a mi familia", expresó el afectado.

En este sector hay 40 unidades de transporte, pero no existe ninguna denuncia por extorsión.

Para trabajar tranquilos, los transportistas de la ruta 1 pagan 100 lempiras todos los viernes. También los buses, rapiditos y colectivos de zonas como la Montefresco, la Unión, Ebenezer, Los Castaños, la Fesitranh, San José Cinco y otros sectores son víctimas de extorsiones.

Estos antisociales tienen atemorizados a la mayoría de conductores de las diferentes rutas que circulan por la ciudad, muchos hasta se niegan a denunciar que están siendo extorsionados.

"Aquí no podemos hablar, esto es algo muy delicado y mejor nos quedamos callados", expresó otro transportista.

Aunque la policía y dirigentes de transporte conocen el problema, son pocos los que se atreven a hablar de la inseguridad y el peligro que campea.

"Estamos manos arriba siendo amenazados y pagando el bendito ‘impuesto de guerra’. Casi todas las empresas son víctimas y ya el problema no es el pago sino la vida de los motoristas y la de sus familiares", expresó Carlos Andonie, presidente de la Asociación de Motoristas Profesionales de Honduras, Asomoproh.

En Chamelecón la delincuencia llegó a sus límites pues los conductores han parado las unidades de la Ruta 35. "Esto nunca había ocurrido ya no podemos trabajar", lamentó el transportista.

El comercio no se salva

Las extorsiones se han extendido en todos los sectores. Los comerciantes también están siendo víctimas de este modus vivendi de los malhechores.

Tanto propietarios de pulperías, ferreterías, salones de belleza, centros comerciales, tiendas y otros negocios tienen que pagar desde 50 lempiras hasta 10 mil lempiras a los mareros, de lo contrario los asaltan y amenazan con matar a sus familiares.

Esta forma de operar se da en los barrios, en pleno centro de la ciudad y hasta en institutos de secundaria. Roger Bardales, jefe del distrito policial número 23, dijo que es difícil dar captura a los pandilleros porque muchas veces utilizan a menores y mujeres embarazadas para cobrar las extorsiones.

Abraham Figueroa Tercero, jefe de la Policía departamental de la zona norte, informó que en el caso de la Ruta 35 se han dado instrucciones precisas para dar seguridad en todo el trayecto que recorren. "Estamos aplicando las medidas correspondientes, haciendo patrullaje a pie, en vehículos y motocicletas", aseveró Figueroa.

Añadió que el talón de Aquiles de las extorsiones es que los afectados no denuncian. "No existe nadie que quiera formular una denuncia y eso nos perjudica para proceder. Sólo recibimos llamadas telefónicas", señaló.

"Qué pena que esto pase y nadie haga nada por temor. Tiene que ver con la desintegración familiar".

Juan Carlos

"Le queda muy grande el nombre de impuesto de guerra. Eso es extorsión entre mareros y policía".

María Consuelo

"La misma policía tiene miedo de ponerlos tras la rejas, ellos saben quiénes son los delincuentes".

Karla Rosales

"Deberían poner la pena de muerte como en Jerusalén donde a los ladrones les cortan la mano derecha".

Roberto Castro

"Se nota lo ineficiente que es el gobierno de Mel Zelaya, tenemos dos gobiernos con el de los mareros".

José Quintanilla

"Es una pena que esto suceda en nuestro país, pareciera que no hay policías".

Romel Howell

"Si todos empezamos a desarrollar esa cultura de la denuncia como debe ser nos vamos a unir en este gran esfuerzo por la seguridad y vamos a tener resultados positivos".

Abraham Figueroa
Jefe de la Policía Deptal. de la zona norte