Empresarios piden transparencia en obras

Unas 142 familias de San Pedro Sula deberán ser reasentadas para que las autoridades municipales puedan construir las obras complementarias del segundo anillo periférico.

El jefe de la unidad coordinadora del BID, Samuel Paredes, detalló que desde hace varios meses se definió la población que se reubicará y las zonas que ocupará. "El plan de reubicación está casi listo", expresó.

Las familias que serán reasentadas habitan en los derechos de vía en tramos de la 6 calle noreste, en el puente de río Bermejo, bordos de la Bográn, Esquipulas Dos y Las Vegas en el sector noroeste.

El procurador municipal Rodolfo Bueso detalló que en la próxima sesión la Corporación Municipal en pleno conocerá el convenio firmado para aprobarlo. "Hay anuencia de los regidores, pues la Alcaldía no se endeudará y únicamente tiene que cumplir los compromisos establecidos".

Los costos de reasentamiento de familias están incluidos en los 44 millones de dólares que serán financiados de la siguiente forma: 20 millones del BID, 20 millones del gobierno de Corea y dos millones del Gobierno.

Compromisos

Los compromisos de la Alcaldía con Soptravi ya fueron discutidos en sesión corporativa y algunos, como la suscripción del acuerdo, ya se efectuaron.

Otro compromiso de la Municipalidad será proporcionar el terreno para el reasentamiento y definir el estado legal de los predios donde se ampliará el segundo anillo periférico.

La Alcaldía también deberá firmar un convenio con los beneficiarios del reasentamiento. Los compromisos deberán cumplirse en estos meses porque la licitación de las obras se hará en noviembre y la ejecución será en febrero. El procurador detalló que en sesión se presentará el estado de las áreas que serán afectadas para desarrollar las obras, decretarlas como zonas de afectación y declararlas con fines de utilidad pública. La Procuraduría ya está confirmando la situación legal de los derechos de vía y será conocida en la sesión corporativa por los ediles.

El vicealcalde Eduardo Bueso manifestó que con la firma del convenio se acelera la construcción de las obras. Lo positivo es que el gobierno municipal no se endeudará con los organismos internacionales, sino el Gobierno central. Bueso dijo que la preocupación por el congestionamiento que generará en la ciudad el Canal Seco, por las más de 3,500 rastras que circularán por el segundo anillo, es grande, pero con las obras complementarias se reducirá.

La Municipalidad ya está trabajando en los compromisos porque, de acuerdo con el ministro de Soptravi, Rosario Bonano, las obras se irán ejecutando por etapas.

Las que empezarán en febrero son las que se financiarán con los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ya establecidas en el plan acordado. "El esfuerzo municipal se enfocará a reasentar las familias que ya están en un censo".

Agilidad con transparencia

Los empresarios de la zona norte reaccionaron satisfechos con la inversión en obras que se realizará en la capital industrial.

La mayoría mostró su preocupación por los problemas que generará el Canal Seco en la ciudad, porque saben que habrá desarrollo, pero provocará congestionamiento en San Pedro Sula y las ciudades aledañas.

"Es positivo que se complementen las obras del segundo anillo periférico porque estaban pendientes de realizarse hace muchos años", dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Luis Larach.

Pero, según el empresario, por el desarrollo que ha tenido la ciudad en los últimos años y el paso del Canal Seco, las obras proyectadas se quedan cortas.

Larach dice que se debe dar prioridad al libramiento de Villanueva a Choloma para no afectar la circulación vehicular dentro de las ciudades, pues eso genera mayor gasto de combustible.

"Las obras complementarias del segundo anillo son proyectos antiguos que nunca se complementaron, pero con el desarrollo explosivo de San Pedro ya se quedan cortas".

Los empresarios sampedranos solicitaron que se agilicen las obras y que comiencen en las fechas proyectadas, pero todo manejado con transparencia, y que se cumpla lo establecido en la Ley de Contratación del Estado.