Hasta L 1,000 pagan por llenar encuesta

Miles de empleados públicos se han convertido en víctimas de coacción, amenazas y hostigamiento por parte de sus superiores.

Según varios informes, a cada burócrata se le entregaron, el pasado fin de semana, treinta formularios de un documento conocido como "Iniciativa Ciudadana", los cuales deben entregar llenos en los próximos días so pena de ser despedidos sin derecho a recibir prestaciones.

La imposición tiene como objetivo recolectar alrededor de un millón de autorizaciones, mediante las cuales, supuestamente los ciudadanos facultan al Poder Ejecutivo a realizar una encuesta nacional de opinión.

Desesperación

La medida desesperada del gobierno de Manuel Zelaya Rosales se da luego que la Fiscalía, Procuraduría General y los mismos asesores jurídicos de Casa Presidencial advirtieran que el llamado a consulta con fines electorales es ilegal.

Ante el revés, el Gobierno optó por cambiar el nombre a la consulta, llamándole "encuesta".

El director del INE reconoció que las consultas de carácter electoral le corresponden al Tribunal Supremo Electoral, TSE, y las encuestas y sondeos le competen al INE.

Siendo así, reconoció que la encuesta financiada por Casa Presidencial y en la cual se gastan decenas de millones de lempiras, no tiene facultades vinculantes ni obliga a nada.

Analistas han advertido que los resultados de una encuesta no pueden obligar al Congreso Nacional a colocar una cuarta urna el 29 de noviembre, día de las elecciones, ya que carece de fuerza legal y porque el proceso carecerá de transparencia y vigilancia adecuada.

Pagos

Según denuncias de empleados públicos, las solicitudes deben ser entregadas a finales de esta semana.

Los funcionarios admitieron que el Gobierno ha dispuesto pagar entre 500 y 1,000 lempiras a las personas que decidan llenar el formulario, siendo coincidentemente la misma cifra que se ha pagado por participar en marchas o actos patrocinados por el Gobierno central.

Ejecutivo decide seguir con campaña publicitaria

Tegucigalpa. El Poder Ejecutivo reunido anoche en Consejo de Ministros acordó que no retirará los anuncios publicitarios sobre la cuarta urna.

Anoche venció el plazo que impuso el Tribunal Supremo Electoral, TSE, para que el Gobierno retire de los diferentes medios de comunicación los anuncios publicitarios orientados a la propuesta de la consulta popular para instalar o no la cuarta urna en las elecciones generales de noviembre.

El secretario privado del presidente Manuel Zelaya expuso que la resolución emitida por el TSE no tiene validez legal porque no ha sido publicada en el Diario oficial La Gaceta, por lo tanto, el Gobierno continuará con la emisión de la campaña publicitaria en favor de la cuarta urna.

En un franco atropello a la autoridad de los magistrados del TSE, la semana pasada Mel Zelaya declaró que ni "Kaliman" va a quitar esa campaña publicitaria.

Para hoy se espera que los magistrados del TSE se reúnan para analizar las acciones a tomar como órgano colegiado ante la acción desafiante e irrespetuosa asumida por el Poder Ejecutivo.

Mañana el TSE hará oficial la convocatoria a las elecciones generales.