5 millones diarios, salario de maestros huelguistas

De todas las variables económicas que influyen directamente en las perspectivas de desarrollo de un país, en el caso de Honduras, la educación es una de las que más problemas arrastra.

Reflejando la situación política que se vive y creando en el largo plazo consecuencias de orden económico, una minoría del gremio magisterial, aproximadamente un 10% según cálculos del Ministerio de Educación, no han atendido ni los llamados de las autoridades ni los clamores de los padres de familia para que se reintegren a las aulas. Cálculos del ministerio de Educación apuntan a que los maestros huelguistas cuestan cinco millones diarios a los hondureños, por los salarios que reciben durante las horas en paro.

LA PRENSA intentó obtener declaraciones de los representantes de los colegios magisteriales para que dieran su versión de los hechos, pero con una sola excepción, rehusaron hacer comentarios. De todas maneras, se trata de reclamos conocidos aunque poco entendidos.

“Cada compañero maestro tiene su justificación propia para no regresar a las aulas. A nivel de país tenemos una gran problemática; pero también, los que estamos en las aulas de clase merecemos respeto hacia nuestra forma de pensar”, comenta Iris Rodríguez, presidenta del Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros, Pricphma.

Según datos proporcionados por el Instituto de Previsión del Magisterio, Inprema, la población magisterial del país, que ejerce en el sector público, es de unos 55,000 maestros, de los cuales, el 10%, es decir unos 5,500, han ocupado su tiempo más en las cuestiones políticas y menos en las educativas. Si bien sus números están en la minoría, han tenido enorme impacto en el sistema educativo. Los costos son muchos y afectan en diversos niveles.

Costo para los padres

“Es lamentable por los niños, porque se supone que ellos son el futuro del país y el esfuerzo que hace uno para los útiles, el transporte y que todo eso se pierda como cuando dicen que pueden cancelar el año”, expresa Mario Rodríguez, padre de un hijo que estudia en una escuela pública. Su pensamiento refleja el de muchos padres de familia que con gran esfuerzo y sacrificio reúnen el dinero necesario para atender las necesidades educativas de sus hijos.

Algunos cálculos indican que, sumando los gastos de uniformes, libros y útiles, calzado, alimentacióbn y transporte, un padre de familia gasta anualmente en promedio, un aproximado de 18 mil lempiras por cada hijo en edad escolar.

“Parece que no tienen conciencia, como que los gastos que uno hace no les importaran”, lamentó Rodríguez.

Sin embargo, estos clamores ya han tenido algún efecto en los maestros, pues Rodríguez, del Pricphma, reconoce que “la queja que presentan los padres de familia tiene toda la razón porque ellos hacen un sacrificio económico, lo reconocemos”; sin embargo, añade que “la solución no está en nuestras manos, sino que es una solución política, porque son los políticos los que han provocado este desastre y ellos mismos lo tienen que resolver”.

Costo para el Estado

El presupuesto que el Estado asigna a la Secretaría de Educación, de 20,163 millones de lempiras, según el Presupuestos General de la República aprobado para 2009, ha crecido más de un 300% en los últimos ocho años, y representa la mayor partida presupuestaria al constituir casi un tercio (31%) del total de los gastos gubernamentales. De esa enorme cantidad, 69%, es decir, 13,940 millones, corresponde al gasto corriente de sueldos y salarios.

La cuestión salarial

Y es precisamente el pago de los salarios el que mayor cantidad de problemas y pérdida de clases provoca en el sistema educativo.

“Tenemos mucho compañero maestro que sigue trabajando sin ganar su salario y ése es un problema que venimos arrastrando desde años atrás. Ése es un problema que sigue allí y no se ha resuelto”, afirma la presidenta del Pricphma. Sin embargo, dada la enorme complejidad del sistema de pagos en el sector público de la educación, no es de extrañar que de manera frecuente y crónica ocurra este tipo de problemas; de modo que cuando un maestro dice que no le han pagado su salario, esto debe entenderse a la luz de si se refiere al pago de su salario base o bien al pago de la totalidad de las prebendas a las que su situación particular le da derecho a recibir.

Santos Elio Sosa, ministro de Educación, manifiesta que su Secretaría se preocupa por la gran mayoría de maestros que sí se presentan diariamente a trabajar. “Sería interesante cuantificar el ahorro en pago de salarios si se dejara de pagar a estos maestros faltistas,”, dice el ministro. Un cálculo hecho grosso modo por el mismo Sosa, estimaba que de no pagar los salarios a los maestros que faltan a clase, la Secretaría de Educación ahorraría aproximadamente cinco millones de lempiras diarios.

“Cuando el Estado define una cantidad de dinero para pagar a los profesores y éstos van a trabajar, entonces se considera que el pago se convierte en una inversión. Si no van a trabajar se convierte en un gasto”, señala Sosa. Ya sea por esta causa o por motivos de orden político, el precio final lo terminan pagando los estudiantes, que en buena medida no llegan a recibir los 200 días de clase a que tienen derecho según el programa académico. Aunque los paros de maestros y la pérdida de clase no han sido generalizados, los estudiantes que sí han perdido clases acumulan, según calcula la Secretaría, unos 40 días sin recibir el pan del saber. ¿Qué clase de graduados está produciendo el sistema educativo nacional?

Calidad educativa

“La calidad de la educación en el país tiene una forma rapidísima de medirse, y son los rendimientos que presentan los jóvenes en su intención de ingresar a la educación superior”, explica Carlos Ávila, anterior ministro de Educación.

ávila indica que los exámenes a los que los aspirantes a estudios universitarios se someten no miden la profundidad de conocimientos, sino que la aptitud académica, y que quienes se someten a ellos no logran alcanzar siquiera los requerimientos mínimos, los cuales han sido ajustados a la media de Honduras, ya que existen a nivel latinoamericano ciertos mínimos para considerar a una persona académicamente apta. “Entonces hay lo que se llama el mínimo hondureño, una reducción de esos estándares, lo que indica que estamos saliendo de competitividad educativa”, advierte ávila.

A esto añade Sosa que “en la calidad de la educación influye una serie de variables y una de ellas es el tiempo que los alumnos pasan con su profesor en el aula, y el alumno al perder cierta cantidad de días se desconecta, pierde la continuidad”. El ministro pasa a referir que aunque otros aspectos como el material didáctico adecuado y el apoyo de los padres juegan un papel muy importante, lo que más afecta la calidad de la educación es la pérdida de clases.

Costos para el futuro

El costo final del problema educativo lo pagan los jóvenes, lo que a la larga compromete las posibilidades de desarrollo económico y prosperidad del país. Estudios indican que Honduras tardaría treinta años en alcanzar el nivel educativo que en el presente tiene Costa Rica. “El retraso educativo de nuestro país es bastante preocupante. Se habla de que a los alumnos se les podría promover automáticamente; pero creo que con eso se está engañando a los niños, a los jóvenes y a los padres de familia, porque no están recibiendo una adecuada preparación”, argumenta ávila.

Mientras tanto, las aspiraciones de los padres sobre el futuro de sus hijos se vuelven iniciertas. Michelle Saliche, madre de dos hijos, lo resume así: “A los niños se les ha dejado de lado y debemos recordar que los niños son el futuro de la Nación”.

El pago de colaterales y la realidad nacional

Los recursos que se destinan a la educación se utilizan en su mayor parte para el pago de salarios. A cambio de tan cuantiosa inversión se esperaría un aumento significativo en la calidad de la enseñanza que se imparte.

“El país no esta recibiendo, por la enorme inversión que hace en sueldos y salarios, un servicio que sea proporcional al gasto en que se está incurriendo. La calidad en la educación no es la que corresponde, los maestros no dan los 200 días de clase”, señala Arturo Alvarado, ex ministro de Finanaza.

Alvarado explica que los colaterales que se pagan a los maestros no están acordes con la realidad nacional. “Cuando el Congreso aprobó el Estatuto del Docente lo hizo sin medir las consecuencias económicas para el país”, dijo Alvarado.

La mayor consecuencia es que con esa situación se sacrifica a otras áreas.

“En salud no se cuenta con recursos para construir más hospitales, contratar más médicos, comprar medicinas. No se cuenta con recursos para obras de infraestructura”, arguyó el ex funcionario.