Buscan penalizar acciones que paralicen las clases
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Honduras
El Congreso Nacional analizará catalogar como delito penal las acciones que impidan que los alumnos reciban clases.
El diputado nacionalista Mario Tomás Barahona presentará el proyecto de ley la próxima semana.
“Es para que se declare punible todo acto que limite, restrinja o evite la impartición de la educación”, indicó el parlamentario.
La intención es modificar el artículo 171 de la Constitución, que literalmente dice: “La educación impartida oficialmente será gratuita y la básica será, además, obligatoria y totalmente costeada por el Estado. El Estado establecerá los mecanismos de compulsión para hacer efectiva esta disposición”.
Barahona no especificó cómo quedaría redactado este artículo si se aprueba su propuesta.
La dirigencia magisterial ha castigado a decenas de miles de alumnos con varios días de suspensión de clases por ordenar a maestros que apoyen las manifestaciones a favor del ex presidente Manuel Zelaya, quien fue sacado del poder por las constantes violaciones de la ley y la Constitución.
La respuesta de la Secretaría de Educación fue tibia, no ha podido ejercer su autoridad para que los educadores retornen a las aulas.
El Estatuto del Docente ordena sanciones contra profesores que no cumplan sus funciones, pero no es aplicado por el ministro de Educación, Santos Elio Sosa.
Un poco más efectivo ha sido el Ministerio Público, que ventila en el Juzgado de la Niñez casos contra directores y maestros de centros educativos que se han sumado a la protesta de brazos caídos.
Abusos bajo la lupa
Las autoridades judiciales investigan minuciosamente los informes entregados por la Fiscalía de la Niñez sobre las denuncias en el sector educativo.
La ocupación de los colegios para el hospedaje de simpatizantes del depuesto presidente Manuel Zelaya, el cierre de centros para que no se brinden clases, las amenazas contra maestros que han sido fieles a su labor y el adoctrinamiento político a los alumnos son los abusos de un sector de la docencia que ha sido denunciado por los padres de familia y hasta por miembros del gremio magisterial.
El Juzgado de la Niñez ya citó a una primera audiencia a la directora de Educación de Cortés, Sulay Garay. La jueza de la Niñez, Belia Torres, informó que están pendientes algunas resoluciones.
La fiscal de la Niñez, Elizabeth Rodríguez, dijo que esperan que esa judicatura aplique sanciones y si siguen infringiendo la ley, el MP presentaría requerimientos.
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