Honduras
El Ministerio Público (MP) presentará en los próximos días un requerimiento fiscal contra ex y actuales funcionarios de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) por supuestas irregularidades en la adquisición del remolcador Harry Brautigam, que al final le costó 177 millones de lempiras al Estado, es decir, L. 35.5 millones más del precio normal.
Rafael Fletes, coordinador del MP, indicó que este caso lo están investigando hace casi tres meses.
LA PRENSA publicó varios reportajes desde el 10 de mayo, donde dejó al descubierto los malos manejos y anomalías detrás del famoso remolcador que inauguró con bombos y platillos, el 18 de octubre de 2008, el ex presidente Manuel Zelaya y Roberto Babún, gerente de la ENP.
Decomisan documentación
La semana pasada, los fiscales contra la Corrupción Mario Dubón y Walter Ramírez llegaron a la ENP, específicamente al departamento de Asesoría Legal, adonde permanecieron por 30 minutos analizando una documentación que decomisarían para ampliar la investigación sobre el Harry Brautigam.
Al salir, Ramírez cargaba una caja con documentos que solicitaron y decomisaron para aclarar algunos puntos y que serán analizados por auditores de la Fiscalía.
El fiscal declaró a LA PRENSA: “Estamos concluyendo las investigaciones sobre la compra del remolcador para determinar si algunas personas incurrieron en responsabilidad penal”. Agregó que desde el mes pasado tomaron las declaraciones respectivas a las personas involucradas en la adquisición del Harry Brautigam.
LA PRENSA intentó hablar con el apoderado legal de la ENP, pero éste no quiso hacerlo; su respuesta fue: “Pregúntele a los fiscales” y tampoco brindó su nombre.
Posibles delitos incurridos
Fuentes de la Fiscalía expresaron que de presentar acusación contra los involucrados sería por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos, cohecho, y podrían aumentarse de acuerdo al curso del proceso investigativo.
Antecedentes
Apenas en diciembre de 2008, los ingresos en Puerto Cortés cayeron dramáticamente porque el remolcador Harry Brautigam tuvo que ser retirado al tener dañada la bomba de inyección, una falla que lo sacó de circulación por más de un mes - precisamente cuando más movilización de mercadería hay en el puerto - y las autoridades reconocieron que las pérdidas fueron cuantiosas. Quizá esta falla hubiese pasado desapercibida si no fuese porque el Harry tenía apenas tres meses de haber llegado nuevo al puerto más grande de Honduras.
Para la inauguración del buque se gastó en publicidad; y es que detrás de la compra del Harry hay una historia negra de malos manejos que terminaron añadiendo a su costo inicial un total de 35.5 millones de lempiras que deberá pagar el Estado de Honduras.
Las anomalías paso a paso
Las anomalías detrás del remolcador comenzaron desde que la compra de éste fue sometida a licitación pública internacional.
El proceso se denominó “Licitación pública internacional número 001-2006 para el suministro de una embarcación marítima tipo remolcador con potencia entre 2,500 y 3,000 BHP, para el servicio costero y operaciones de puerto”.
El llamado a licitación, regido según la Ley de Contratación del Estado, se pactó para el lunes 12 de marzo de 2007, luego de los avisos publicados en medios escritos de circulación nacional.
Presentaron ofertas Eléctrica S.A de C.V, por 7.5 millones de dólares; Representaciones e Importaciones de Honduras S.A, Reprimhsa, por 7.9 millones; y J.A. Telcom S.A, la oferta más baja de 5.4 millones.
La licitación fue anulada por la gerencia general de la Portuaria, en ese entonces bajo el mando de Edwin Araque, ex presidente del Banco Central de Honduras. Araque argumentó que una de las oferentes, Eléctrica S,A, no reunía los requisitos para participar.
Así las cosas, bajo el argumento de no cumplir con otros requisitos legales solicitados en el pliego de condiciones de la licitación, la ENP declaró fracasado el proceso.
Igualmente Araque anuló la licitación de la tercer oferente, J.A.Telcom, descalificada porque el representante legal de la empresa era aparentemente un funcionario público. Los hechos ocurrieron el 16 de abril de 2007 y constan en la resolución GG-54-04-2007 emitida por la gerencia general de la ENP.
Pese a las argumentaciones documentadas por el apoderado legal de la ENP, Ítalo Godoy Mendieta, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declaró ha lugar la acción incoada por la abogada Wendy Rodríguez, apoderada de Eléctrica S.A. El fallo quedó firme y se envió notificación a la ENP en noviembre de 2007.
Por esa resolución del Juzgado, Eléctrica compró la embarcación que está en las instalaciones de la Portuaria. La estatal debe pagar a dicha empresa varios millones de lempiras más debido a los incrementos provocados por las variantes de precio del dólar frente al euro y el incremento del precio del hierro. En total el costo extra del precio inicial que la Portuaria cancelará a Eléctrica S.A asciende al 25% del precio ofertado, es decir, 35.5 millones extras por el remolcador. Hasta la fecha la Portuaria ha efectuado dos pagos a la empresa demandadora. El primero fue de 5.6 millones de dólares y el segundo por 1.6 millones de dólares.
El último pago no ha sido adjudicado porque la ENP quiere pagar menos que lo establecido en el fallo del Juzgado.
No quieren pagar casi $800 mil
El saldo que la Portuaria adeuda a Eléctrica debía haberse hecho efectivo el primer trimestre de 2009. La suma es de 2.2 millones dólares (41 millones de lempiras). Sin embargo, la ENP argumentando deducción de impuestos, únicamente estaba pagando $1.3 millones. La diferencia que no quieren aceptar es de 798 mil dólares (15 millones de lempiras).
