Mandan sentencia a Ejecutivo y FF AA

La suspensión de la encuesta del último domingo de junio es ley y por lo tanto de obligatorio cumplimiento; quienes la desobedezcan incurren en responsabilidad penal.

Recientemente el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo admitió la demanda interpuesta por el Ministerio Público en contra del decreto PCM-05-2009 que impulsa la ejecución de una consulta popular el último domingo de junio para instalar una Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de derogar la actual Constitución de la República.

En una aclaración, el juez Jorge Zelaya expuso que los alcances de la sentencia incluyen la suspensión de toda resolución que emitiera o emita el Ejecutivo con el fin de llevar a cabo una consulta o encuesta en junio con el fin de colocar una cuarta urna en las elecciones generales de noviembre. Con ello el Juzgado suspende los decretos ejecutivos de la celebración de la encuesta y el apoyo solicitado a las Fuerzas Armadas.

Comunicación judicial

En virtud que la sentencia emitida por el Juzgado adquirió el carácter de firme para su ejecución, la misma fue comunicada ayer al Ejecutivo y otras entidades, entre ellas las FF AA, para su cumplimiento.

"Es una sentencia de cumplimiento obligatorio, quien no la cumpla incurre en responsabilidad", advirtió el fiscal general, Luis Rubí. "Estamos librando las comunicaciones al Poder Ejecutivo donde les estamos diciendo que no pueden practicar esa elección para el mes de junio porque es ilegal que lo hagan, no tiene ningún valor jurídico y que consecuentemente están irrespetando la ley", informó.

Las comunicaciones se giraron al presidente Manuel Zelaya y a todas las instancias del Ejecutivo, al INE, Seguridad y a los medios de comunicación.

"Se incluye a los señores de las Fuerzas Armadas, a quienes les estamos diciendo que no pueden cumplir ordenes ilegales y que después no vayan a alegar que en el cumplimiento del deber violaron a la Constitución de la República", manifestó el fiscal. En este caso la comunicación de la sentencia se giró al general Miguel García Padget.

"Esperamos que las Fuerzas Armadas no usen todo su poder o su fuerza para imponer una orden que es ilegal. En consecuencia, la Fiscalía va a estar pendiente de eso y va deducir las responsabilidades", aseguró.