Honduras
La constitucionalidad y la institucionalidad del Estado están en peligro, advirtió ayer el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Conadeh, Ramón Custodio López.
El ombusdman emitió un comunicado urgente en el que establece sus facultades y atribuciones de velar por el respeto de la Constitución y ser garante del estado de derecho.
"La Constitución de la República establece que Honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como República libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social". Además de eso, da a conocer que "la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es obligatoria y que su infracción constituye delito de lesa patria". Por lo que en un estado de derecho debe imperar el principio de legalidad, preceptuado en el artículo 324 de la Constitución de la República que establece que: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente le confiere la ley y que todo acto que ejecute fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad".
Custodio López destaca que los que defienden la constitucionalidad y la institucionalidad del Estado, lamentan que "en este momento se esté fomentando en nuestro país el rompimiento del estado de derecho con la pretendida intención de incubar el autoritarismo, disfrazándolo con una consulta popular, autoritarismo que es inaceptable en cualquiera de sus formas, venga de donde venga".
El Comisionado reconoce que el Ministerio Público goza de completa independencia para interponer los recursos que sean necesarios en aras de defender la Constitución de la República y la vigencia del Estado de derecho, por ser la institución representante de los intereses de la sociedad, situación que nos obliga a respaldar la demanda de nulidad interpuesta por la Fiscalía General del Estado contra el Decreto Ejecutivo que ordena al Instituto Nacional de Estadísticas realizar una encuesta en el mes de junio de este año, para consultarle a la población si quiere una nueva Constitución mediante la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente".
"La actual Constitución garantiza los derechos y libertades de todos los habitantes de Honduras, de tal manera que los problemas que vivimos de inseguridad, pobreza, corrupción y hambre, entre otros, no son culpa de la Constitución, sino de las autoridades que tienen la obligación de aplicarla y de quienes nos gobiernan, respetarla y hacerla respetar".
