Medidas contra secuestros en manos de la Corte

El pleno del Congreso Nacional espera la opinión de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, para proceder a aprobar las medidas para combatir a los secuestradores, extorsionadores y sicarios que en los últimos meses han sembrado el terror en Honduras.

El proyecto de ley, presentado por el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, fue acuerpado por los diputados y hasta por el mismo ministro de Seguridad, Jorge Alberto Rodas.

Sin embargo, otros sectores creen que debe añadírsele un registro balístico efectivo de armas, para que en las investigaciones tras los crímenes se pueda detectar la procedencia de las armas y dar más fácilmente con los responsables.

La ley

Micheletti presentó la noche del martes ante el pleno legislativo, el proyecto de ley denominado "Ley para erradicar el secuestro, la extorsión y el sicariato", una propuesta de 18 artículos, entre los que destacan aspectos de "recompensas para motivar la denuncia contra los participantes en tales delitos, incluyendo medidas de protección para quienes denuncien o sirvan de testigos, así como las víctimas, sus familias y los jueces que conozca de tales procesos, en este último caso se incluye la obligación de evitar que el encausado conozca su identidad a efectos de evitar que sean intimidados.

Además, crea la unidad de prevención y combate de delitos de secuestro, extorsión y sicariato, dependiente directamente del Ministerio Público, encargada de prevenir y combatir los delitos de secuestro, extorsión y sicariato, la que debe contar con el personal técnico interdisciplinario y con tecnología moderna.

Otra de las medidas contempladas es la prohibición el uso de servicios de telecomunicaciones por parte de los condenados por estos delitos, diferentes a los suministrados por la autoridad bajo cuya custodia estén, ya sea en sede policial, fiscal o judicial.

También regula la venta de teléfonos móviles y sus microchips denominados Sim, a fin de que se lleven registros de usuarios que detallen sus números de serie y los datos del usuario o comprador, para evitar que sean usados en tales actividades delictivas.

Se prohíbe conceder los beneficios de medidas cautelares y libertad condicional a quienes cometan este tipo de delitos. Se establece condiciones especiales de confinación para quienes sean condenados por estos delitos, con el objeto de evitar su evasión y que operen grupos delictivos desde los centros penales del país.

El proyecto también incluye disposiciones tendentes a que se liquiden los bienes o valores obtenidos de tales actividades delictivas, a fin de resarcir a las víctimas y al Estado de Honduras, y además se crea un tipo penal para el autosecuestro, mediante la adición de un numeral al artículo 222 del Códido Procesal Penal, bajo el tipo de extorsión, por ser éste un delito más relacionado con el patrimonio que con el bien jurídico de la libertad.

Imparable violencia

De acuerdo con cifras del año pasado, al día mueren 20 hondureños víctimas de la violencia y de éstos, 12 son mediante el asesinato. De esos 12 asesinatos diarios al menos cinco son muertes mediante la modalidad del sicariato.

Este año también aumentaron las extorsiones mediante la telefonía celular, que obliga a las víctimas a pagar cantidades de dinero bajo la advertencia de que si no lo hacen o los secuestran o los matan.

El paquete de medidas de seguridad que aprobará el Congreso es paralelo a otras acciones que emprendió el Poder Ejecutivo en un primer intento que hace este Gobierno, al unificar a los operadores de justicia con ideas para reducir la criminalidad que mantiene a Honduras como uno de los países más violentos del continente, según el Observatorio de la Violencia.

Micheletti reconoció el comienzo del Ejecutivo en el tema de la seguridad, "esperamos que tenga buena voluntad para empezar a trabajar en seguridad, aunque en el Congreso Nacional hace muchos días que venimos trabajando en esto".

Engavetado proyecto

Recordó que hace más de un año, el Congreso creó la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, que unificaba a todos los operadores de justicia contra el crimen; sin embargo, ese decreto permanece engavetado en la oficina del presidente Zelaya.

"Aquí lo importante es pensar que todos los hondureños debemos unirnos con el afán de evitar que se continúen haciendo en el país esos crímenes, esos secuestros", dijo.

Ante el cuestionamiento del presidente Zelaya, de ser político y no interesarse en el tema de la seguridad, porque no asistió a la cita del pasado martes, contestó que siempre ha tenido la intención y prueba de ello es que aprobó el Congreso la Ley de la Policía Nacional y partidas para la Policía.

Peligro

Micheletti advirtió el peligro en una de las propuestas del Ejecutivo de gravar las conversaciones telefónicas privadas, indicando que eso es prohibido sin autorización judicial, porque de lo contrario ocurrirá algo del pasado, que se grabaron conversaciones telefónicas y ahora hay procesos judiciales.

"El caso de la propuesta de ley de nosotros es diferente, ya que proponemos realizarlo mediante una orden judicial, para que si se da, se puedan intervenir las llamadas telefónicas", explicó.

"Es preocupante que niños y niñas sean secuestrados con la intención de extorsionar a sus familiares. Hemos llegado a un factor indeseable en el país, hay que tomar actos en la delincuencia. Es necesaria la intervención inmediata de los centros penales de Tegucigalpa y San Pedro Sula porque desde el interior de las cárceles de Honduras se planifican secuestros, se ordenan asesinatos y se arman operaciones de bandas del crimen. Algunos manejan las comunicaciones con los familiares, por lo que decidimos prohibir la venta de chips y celulares a personas que no tiene identificación", dijo. Advirtió al Ejecutivo que una vez aprobado este paquete de medidas, el Ejecutivo no lo engavete también, "como han quedado otros decretos que nosotros hemos aprobado en este Congreso, más que por allí andan diciendo que no nos importa la seguridad y no es cierto".

"En los últimos años hemos visto que hay planteamientos de problemas para buscar la división, la confrontación", dijo sobre la propuesta del Ejecutivo el vicepresidente del CN, Ramón Velásquez.

Para dictaminar el decreto, Micheletti nombró como comisión dictaminadora a los diputados José Ángel Saavedra Posadas, Rolando Dubón Bueso, Juan Ángel Rivera Tabora, Orle Aníbal Solís, Silvia Ayala, Donaldo Reyes Avelar, Toribio Aguilera, Emilio Cabrera y Rigoberto Chang Castillo, la mayoría de ellos abogados de profesión. La comisión espera que la Corte Suprema emita su opinión referente a la iniciativa, en al menos 10 días.

Armas decomisadas vuelven a circular

La directora del Observatorio de la Violencia, Julieta Castellanos, sugirió que a las medidas planteadas por el Congreso se aplique además un registro de armas.

"Es positivo que haya preocupación por los dirigentes del país. Ojalá que las medidas sean coherentes, que lo que diga uno como poder del Estado el otro no lo desacredite. Ojalá que se pongan de acuerdo porque no es un tema de poderes del Estado, de partidos políticos, es un tema del Estado y estamos en un momento insoportable. La gente más pobre padece mucho más, los colegios nocturnos prácticamente desaparecieron, se cierran las oportunidades a los más pobres y el país no puede seguir de esa manera", dijo.

Considera que se debe implementar el registro balístico para tener pruebas contra los criminales.

"Si hay una buena prueba balística y buenos registros dactitalares, pero si no está el arma homicida de nada sirve el banco de datos, o porque no se ha hecho realmente una requisa de armas en el país. Una vez que el arma se requisa, si es una arma oficial hay que destruirla, es la siguiente fase, y aquí no existe un proceso de destrucción de armas, las armas decomisadas por alguna razón salen de nuevo a circular", planteó.

Recompensas motivarán las denuncias

Tegucigalpa. Pese a que algunos sectores de Derechos Humanos han calificado las recompensas por información de delincuentes como una puerta para que la Policía cometa excesos con personas inocentes, el ministro de Seguridad, Jorge Rodas Gamero, advirtió que esa acción motivará las denuncias contra los delincuentes.

Sectores de Derechos Humanos temen que las recompensas sirvan para que personas denuncien a sus enemigos o vecinos y que la Policía, como en el pasado, cometa excesos sin verificar la información. Sin embargo, el ministro indicó que los cuerpos de inteligencia tienen listados de presupuestos secuestradores que se procederá a su detención.

"Son nuevas estructuras, el personal de inteligencia del grupo especial antisecuestros tiene registros de varias personas que están involucradas en las bandas y se procederá a las capturas correspondientes y es ahí es donde funciona el pago de la recompensa. Así que todo ciudadano que sospeche o tenga información de una actividad esperamos que contribuya con todos los ciudadanos, no sólo con la Policía, porque el tener bajo prisión a los delincuentes le garantiza a la gente circular libremente sin estar pendientes que hasta nuestros hijos pueden ser víctimas de los delincuentes".

El funcionario agregó que se sumarán a las actividades de operativos en las entradas de las ciudades, más los controles en la venta de los teléfonos, que sin duda servirán.

"La determinación se ha tomado con la mayoría de los diputados. Se debe pensar en la seguridad de todos los habitantes".

Roberto Micheletti
Presidente del CN