Ilusorias e impracticables medidas de Mel Zelaya

Expertos en materia de legislación penal catalogan como "ilusorias e impracticables", por no tener respaldo legal, algunas de las medidas aprobadas por el Poder Ejecutivo para combatir los secuestros y la ola de criminalidad.

Además, advierten que en el plano legal el presidente Manuel Zelaya y quienes administren algunas acciones, como intervenir y grabar las llamadas telefónicas, pueden ser requeridos por "abuso de autoridad".

El Gobierno puso en vigencia a partir del martes a las cinco de la tarde un paquete de 14 medidas para enfrentar la delincuencia, principalmente el secuestro y el sicariato, pero, a menos de 24 horas, han sido cuestionadas por los juristas que han advertido que algunas no tienen respaldo legal y están por encima de la ley, mientras que otras pueden ser objeto de un recurso ante la Corte Suprema de Justicia por violar garantías constitucionales y tratados internacionales.

La decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, María Navarro de Canales, expone que no hubo reflexión al ordenar, por ejemplo, que se intervengan las comunicaciones, ya que esto es violatorio de la Constitución de la República.

Según la decana, todo funcionario público, desde el presidente de la República hasta aquel que está revestido de autoridad por ley, que emite instrucciones y da órdenes que van más allá del espíritu de la ley misma está cometiendo un desafuero (abuso de autoridad) porque está actuando al margen de la ley.

El consultor Raúl Pineda Alvarado añade que algunas medidas no se pueden llevar a la práctica en el terreno de la realidad, como el control de computadoras en hoteles y negocios de Internet, la venta de aparatos telefónicos celulares y de chips, el bloqueo de las llamadas en las prisiones, la vigilancia en las escuelas y colegios públicos y privados y otras que no se pueden efectuar por "ilusorias" e "impracticables".

Alvarado considera que "el problema en Honduras no es hacer más leyes, sino que se cumplan las que ya existen".

Según Alvarado, algunas disposiciones son el producto de la improvisación y no de la reflexión. Por ejemplo, decir que las medidas sustitutivas van a ser suspendidas es absolutamente innecesario, pues ya el artículo 186 del Código Procesal Penal dice que para delitos del crimen organizado y asociación ilícita no son susceptibles de aplicación.

Por otra parte, el bloqueo de las comunicaciones en los centros penales, donde se planifica el 80% de los secuestros, es un tema que tiene un año de estar en debate nacional y no se ha podido impulsar porque no ha existido verdadera voluntad política debido a que, para algunos, el negocio no es terminar con la criminalidad, sino que haya más corrupción, expuso el penalista.

Vienen repercusiones

El presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, y expertos en legislación penal advirtieron ayer que la medida aprobada por el Gobierno de intervenir las llamadas telefónicas tendrá repercusiones legales porque viola garantías constitucionales y tratados internacionales.

Micheletti señaló que grabar las conversaciones telefónicas es prohibido sin autorización judicial, ya que existen antecedentes en el país de juicios que se han provocado por esa vía.

La noche de este martes, el Gobierno y el Congreso Nacional anunciaron una serie de medidas para enfrentar la ola de secuestros y el crimen organizado que asuelan al país.

Una de las disposiciones del Poder Ejecutivo ordena a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, aplicar medidas legales para que las compañías de telefonía celular del país graben permanentemente todas las comunicaciones telefónicas y mensajes a fin de que esta información pueda ser proporcionada a requerimiento de la autoridad competente con la finalidad de perseguir el delito de secuestro y crimen organizado.

Micheletti comparó que la propuesta suya (Ley para erradicar el secuestro, la extorsión y el sicariato) es totalmente diferente a la del Poder Ejecutivo "ya que son disposiciones no contempladas en las leyes vigentes y, si lo están, se establecen mecanismos para hacerlas viables de inmediato".

El diputado Ramón Velásquez Nazar declaró que los hondureños se pueden sentir perseguidos al tener retenes en la entrada y la salida de las principales ciudades y esto puede provocar inconformidad; además, los delincuentes no van a pasar por esos lugares.

Asegura que algunas medidas no tienen respaldo legal y que no se puede cumplir con el pago de las recompensas porque ese dinero no está presupuestado y tendrían que hacer transferencias que no están legalizadas.

Intervenciones ya están vigentes: Custodio

Tegucigalpa. El comisionado nacional de Derechos Humanos, Ramón Custodio, puso en duda ayer la efectividad de las medidas adoptadas la noche del martes por el Gobierno que procuran frenar la ola delictiva.

"Seguimos dando palos de ciego y jugando piñata con la seguridad pública en este país", dijo Custodio en declaraciones a Radio Globo.

"Uno ve el plan propuesto por el Poder Ejecutivo y lo compara con el del Poder Legislativo y hay contraposiciones", añadió.

El Gobierno decidió, entre otras cosas, decomisar armas ilegales, grabar las llamadas de celulares, identificar a quienes compran "chips" de celulares y eliminar los números privados de teléfonos móviles.

Algunas de estas medidas violan la privacidad garantizada por la Constitución. Paralelamente, el Congreso Nacional aprobó una partida para pagar incentivos a quienes denuncien a secuestradores, extorsionadores y sicarios. Además creó una dependencia especializada en prevenir estos delitos.

Custodio dijo: "Se juntan funcionarios como queriendo acordar una política común y lo primero que surge es un desacuerdo en cuanto a las intervenciones. Creo que las intervenciones ya están vigentes en la práctica, incluso ha habido juicios".

• ATRIBUCIONES. Los artículos constitucionales 321 al 324 establecen que nadie revestido de autoridad pública puede ir más allá de las atribuciones o del marco de la ley.
• EN CONTRA. En consecuencia, cualquier ciudadano que puede ser perjudicado presentaría un recurso legal ante la Sala de lo Constitucional por estas medidas irreflexivas, según los entrevistados.