Extorsionadores podrían tener 50 años de cárcel

Con una larga condena, la regulación de la venta de chips y el conocimiento de la tecnología telefónica para la Policía, las extorsiones podrían disminuir en un 99 por ciento, según el diputado nacionalista Mario Alexander Barahona después de que presentara esta moción ante el pleno del Congreso Nacional.

El funcionario señaló que en quince días se tendrán resultados específicos en la ley, como la imposición de sanciones de cincuenta años de cárcel para los extorsionadores y más el conocimiento que tendrá la Policía de saber desde dónde hicieron una llamada los delincuentes, se reducirán en un 99% los delitos.

Barahona, después de un viaje que hizo a San Pedro Sula, confió que leyó uno de los reportajes de diario LA PRENSA sobre la campaña contra las extorsiones, el cual lo obligó a pensar en qué podría hacer desde el Congreso Nacional para controlar este delito.

Esta moción, la cual fue aprobada por el pleno del Congreso, estableció que la comisión ordinaria de Telecomunicaciones en conjunto con la de Seguridad y Narcotráfico, se reúnan a la mayor brevedad posible (no más de 15 días) con las empresas que prestan el servicio de telefonía móvil, para plantear nuevas estrategias en el combate contra los extorsionadores y secuestradores.

Según las conclusiones de la aprobación de la moción, el objetivo es determinar las acciones y cambios necesarios para eliminar la venta sin control de los chips, los cuales se están utilizando para las extorsiones telefónicas y los secuestros, de tal manera que se puedan establecer los controles y cambios para erradicar estos crímenes.

Control de chips

"No estaba en mis planes presentar una moción de ese carácter, a veces uno escucha los problemas y es este tipo de reportajes lo que nos mueve a colaborar. La moción que se presentó ante el Congreso Nacional fue aprobada por unanimidad. No podemos desconocer el tráfico que hay en la venta indiscriminada de chips", manifestó Barahona.

Según la exposición de motivos presentada por el diputado, existe facilidad para la extorsión porque cualquier ciudadano puede comprar la cantidad de chips que desee en pulperías y hasta en chicleras. Al comprar sin control grandes cantidades de chips, los delincuentes empiezan a extorsionar, a meter miedo y cuando la persona reconoce el número y devuelve la llamada, ya no le contestan porque ya han colocado otro chip, explicó Barahona.

El funcionario aseguró que si no se hace algo en este momento, se está permitiendo que el delito suceda al no regular la venta.

Revertirán tecnología

"Lo vamos a regular poniendo medios de control. Que cada persona que compre un chip presente su tarjeta de identidad y deje una copia, ponga su huella dactilar en un documento, presente un recibo de servicios públicos para constatar el domicilio y dé el nombre de dos personas que lo conozcan como referencia", argumentó Barahona.

Además de eso, en la moción presentada por el diputado, las compañías operadoras de telefonía móvil se verán obligadas a lo siguiente: llevar un registro especial acerca de las personas que adquieren más de cinco chips y abrir una oficina especial de atención a la Policía Nacional.

Hasta el momento las compañías de celulares no habían participado junto a la Policía en tratar de controlar el delito de extorsiones. Después de la iniciativa de LA PRENSA, las empresas han cooperado con las autoridades porque antes, según manifestó el diputado Barahona, la Policía llegaba a las empresas, nadie los atendía y ponían trabas como la necesidad de una orden judicial para dar cierta información.

"Ahora con la ley vamos a cambiar muchas cosas. Cuando se trate de casos de extorsión y secuestros, los juzgados darán la orden y en el transcurso de 24 horas las compañías de celulares estarán obligadas a dar a la Policía la ubicación con coordenadas desde donde se hacen las llamadas", enfatizó Barahona.

También dijo que mediante ley, todas las llamadas quedarán registradas en el sistema debido a la triangulación de las señales que las compañías tienen.

"Las telefónicas pueden saber si un usuario quita y pone otro chip. Esta tecnología no la ponen al servicio de la Policía porque la misma ley no les da las facultades para hacerlo; sin embargo, la comisiones de Telecomunciaciones y de Seguridad del Congreso Nacional deben reunirse con las empresas que prestan el servicio celular para que hagan las recomendaciones necesarias y se capaciten entre sí", agregó Barahona.

El diputado nacionalista aseguró que desde el Congreso Nacional se está respetando la libre empresa y no desean hacer las cosas sin consensuarlas, por lo que las compañías deberán explicar qué es lo que tienen y qué es lo que hay que cambiar en la ley.

Dificultades

Ejecutivos de Digicel aseguraron a LA PRENSA que a pesar de conocer que las demás empresas se están relacionando con el tema de las extorsiones, ellos no pudieron asistir a la reunión que se programó con los operadores de justicia en el Ministerio Público de San Pedro Sula porque sus oficinas principales se localizan en Tegucigalpa.

"Para nosotros es difícil el traslado de la persona adecuada para asistir a estas reuniones; sin embargo, mantenemos constantemente el contacto al respecto con esa ciudad", explicaron ejecutivos de Digicel.

Respecto a las nuevas medidas que están implementando las autoridades policiales, Digicel agregó que están deseosos y cooperantes con ellos, por lo que felicitan la labor del coordinador de la Fiscalía, Rafael Fletes, por la iniciativa e interés en el tema.

"Digicel siempre ha sido abierta con la Secretaría de Seguridad en diferentes temas que ellos han solicitado. En cuanto a la regulación, estimamos que se trata de un tema muy relevante y debe discutirse entre el Congreso Nacional, la Comisión Nacional de Telecomunciaciones, Conatel, la Secretaría de Seguridad y demás empresas de telefonía, puesto que implica reformas de diversas leyes", puntualizaron.

Ejecutivos de la compañía de telefonía Tigo confirmaron que su tecnología está a disposición de las autoridades policiales para contrarrestar estos delitos que afectan y mantienen en zozobra a la ciudadanía sampedrana y de todo el país.

Inician cacería

Agentes de la Dnic de Choloma capturaron a dos extorsionadores el viernes por la noche después de que intentaran cobrar el pago de una de sus víctimas.

Los imputados son José Montoya Banegas y Yalil Saúl Rodríguez.

La captura se dio gracias a la pronta denuncia de una funcionaria del Poder Judicial de Choloma a la cual los detenidos la estaban extorsionando. La ofendida declaró que ella recibió una llamada el viernes por la mañana del celular 9860- 8224, mediante la cual un individuo en tono amenazante se identificó como miembro de la mara 18. En ese momento sintió miedo y cortó inmediatamente la comunicación, pero minutos después el mismo individuo la volvió a llamar diciéndole que lo único que querían era dinero porque tenían un problema.

Además le advirtió que no llamara a la Policía, cortó y se comunicó con ella desde otro teléfono. Esta vez con amenazas más fuertes.

La dama tomó valor y decidió poner la denuncia a la Policía de Choloma. Inmediatamente fue auxiliada por el personal que atiende exclusivamente estas denuncias en Choloma.

La siguiente llamada hecha del mismo número fue atendida por el inspector Pablo Gonzales, que se hizo pasar como pariente de la señora y horas más tarde después de darle un seguimiento investigativo a la denuncia lograron capturar a los imputados frente a Zip-Honduras a las nueve de la noche donde se iba hacer la entrega.

Fuentes de la Fiscalía de Turno informaron que a los detenidos los enviaron ayer al centro penal sampedrano con detención judicial por el delito de extorsión, pues en su contra había cinco testigos.

Hoy inicia oficina que atenderá denuncias de extorsión

Mario Perdomo, viceministro de Seguridad para la zona noroccidental, dijo que hoy será la apertura de una nueva oficina que atenderá sólo denuncias de extorsión.

"Esta oficina ayudará a que este tipo de delito disminuya y también a generarle a la ciudadanía más confianza a la Policía", refirió Perdomo.

El viceministro afirmó que con el plan de la denuncia personalizada y esta oficina será un gran aporte al combate contra los extorsionadores.

"Tendremos agentes especializados en este tema que orientarán, informarán, y le darán un seguimiento investigativo a las denuncias que lleguen hasta este departamento. También dispondremos de una línea exclusiva para que las personas se puedan comunicar con los agentes.

Necesitamos que los ciudadanos confíen en la preparación de nuestros policías y que denuncien los delitos para poder darles respuestas positivas que ayuden a neutralizar estos delitos", apuntó Perdomo.

El funcionario informó que la oficina contra los extorsionadores estará ubicada en el edificio de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Dnic, en el barrio La Guardia cerca del Instituto Técnico Alemán. "Todavía no podemos dar el número telefónico que será para esta entidad porque aún hay que realizar unas gestiones", agregó el viceministro.

Reuniones de planificación

El comisario Juan Róchez, jefe del distrito policial 43, dijo que en los próximas días se celebrarán reuniones con los jefes de cada distrito para ver de qué forma se puede mejorar el plan de la denuncia personalizada y analizar los resultados.

"El publicar nuestros números de teléfonos celulares por medio de LA PRENSA para que la ciudadanía pueda hacer la denuncia más personalizada ha ayudado a que las extorsiones se disminuyan. Personas que pudieron ser víctimas ya no lo son porque están siguiendo nuestras orientaciones", refirió Róchez.

Recomendaciones

• Si tiene identificador y recibe una llamada de un teléfono desconocido, no conteste.
• Si es un teléfono móvil, apáguelo de inmediato o cambie de chip, preferiblemente.
• Instruya a sus empleados para que no den datos de su familia a personas desconocidas que llamen.
• Los extorsionadores suelen identificarse como trabajadores de empresas de servicio para sacar información.

"Desde el Congreso Nacional podemos regular la venta de chips".

Juan Orlando Hernández
Diputado nacionalista

"Este problema no ocupa decreto, sino algo que debe regular Conatel".

Marvin Ponce
Diputado UD

"Los celulares son las mayores armas de los delincuentes y tenemos que despertar la ley".

Orle Aníbal Solís
Diputado DC

"El proyecto tienen que turnarlo a la Comisión de Telecomunicaciones".

Valentín Suárez
Diputado liberal