Gobierno pagará L 61 millones a maestros

Una erogación de 61 millones de lempiras hará efectiva el Gobierno a 2,039 maestros a quienes se les deben salarios atrasados.

Según el ministro Marlon Brevé, éste es el resultado de la auditoría que hizo con inspecciones de campo.

A juicio de Brevé, los salarios estarán pagados a más tardar el 18 de febrero. Considerando la anuencia del Gobierno a cumplir con el compromiso, ambas partes se reunirán el martes para seguir dialogando en torno a la cancelación de nombramientos que no cumplen los requisitos.

Se ha decidido la intervención en las direcciones departamentales y con especial atención en las de Francisco Morazán y El Paraíso.

Además se hablará sobre la aplicación de correctivos propuestos por el Tribunal Superior de Cuentas, TSC, tras la auditoría de puestos y salarios en el sistema educativo.

"Entregamos un documento que plantea los problemas del magisterio y esperamos la discusión de estos puntos el martes de la próxima semana", manifestó Eulogio Chávez, presidente del Copemh.

Los puntos pendientes son los relacionados con la concertación del proyecto de Ley General de Educación, el pago de unos 800 millones de lempiras, en efectivo y no en bonos, que el Gobierno le adeuda al Inprema.

La mañana del jueves, los dirigentes magisteriales declinaron sus medidas de presión por el atraso del pago de salarios tras haber sido cuestionados por sectores de la sociedad por intentar impedir el inicio del período escolar, que arrancó el pasado lunes.

Los dirigentes hicieron varios llamados a paro, pero la mayoría de los docentes optó por iniciar las clases normalmente.

Ayer al mediodía, las fiscalías de Derechos Humanos y de la Niñez promovieron la deducción de responsabilidades a maestros que se ausentaron de las aulas durante la presente semana para exigir al Gobierno el cumplimiento de beneficios salariales.

Las autoridades educativas serán notificadas por ambas Fiscalías para recordarles la obligación legal de deducir responsabilidades a los maestros faltistas. "La Fiscalía promoverá las responsabilidades administrativas que corresponden", manifestó la fiscal Sandra Ponce.