Honduras: 300 funcionarios aún no declaran bienes

Cumplir con el trámite de hacer su declaración jurada de bienes anual es una obligación legal que tienen los funcionarios públicos; en caso contrario se atienen a las sanciones respectivas.

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) emitió la circular 01-2009 en la cual notifica a los servidores públicos que la anualización de la declaración jurada de ingresos activos y pasivos deberán presentarla a partir de la fecha hasta el próximo 30 de abril.

Los servidores llamados a cumplir con el requisito son los que devenguen un salario mensual igual o superior a los 30 mil lempiras y aquellos que no devengando esta cantidad custodian o manejen caudales públicos. Igualmente, los que declaren por primera vez o fueron cambiados de cargo.

La anualización de la declaración significa poner en conocimiento del TSC los bienes obtenidos durante el año anterior, con lo cual se podrá determinar si de acuerdo al salario devengado pudo obtener recursos de forma ilegal.

El formato de la declaración está disponible en la página www.tsc.gob.hn/declaracion_jurada.html. Los formularios pueden ser enviados por paquete con los documentos correspondientes, a través de las direcciones de Recursos Humanos de las instituciones del Estado, cita la circular.

"Las auditorías internas de las diversas instituciones quedan obligadas a velar por el estricto cumplimiento de esta obligación, bajo el entendido que el incumplimiento de la misma dará lugar a que se apliquen las medidas que la ley señala", concluye la circular firmada por Daysi de Anchecta, secretaria general del TSC.

En 2008, unos 2,500 funcionarios incumplieron con presentar la declaración en el tiempo correspondiente, por lo que el TSC instruyó la suspensión del cargo y del salario. El formulario lo presentaron en fecha posterior para no ser sancionados.

Sin embargo, unos 300 servidores públicos serán multados entre 2,000 y 1 millón de lempiras, además de ser investigados por enriquecimiento ilícito, informó Moisés López, director del TSC.

Aseguró que después de vencido el plazo "lo único que queda es aplicar la ley con las sanciones ya establecidas en la misma".

Hay algunos funcionarios que en toda su vida de servidores públicos no han cumplido con la obligación, por lo que están expuestos a ser suspendidos de sus cargos o que a los jefes se les aplique una sanción del 50 por ciento de su salario.