Las Claves 2008

Salud ordena a Alcaldía de El Progreso el cierre de cementerio

Debido a que se ha convertido en uno de los mayores focos de contaminación ambiental en El Progreso y por no tener espacio para más cadáveres, autoridades de Salud de este municipio dieron un ultimátum de 30 días a la Municipalidad para que proceda al cierre del cementerio general.

El camposanto, ubicado frente a la Policía en el centro de la ciudad, fue abierto al público en la década de los 50, pero ya terminó su vida útil, al grado de que los muertos están siendo sepultados unos sobre otros por falta de espacio.

Luis Cantarero, coordinador de la Unidad de Riesgos Ambientales de este municipio, manifestó que el lugar se ha convertido en una "bomba de tiempo" para quienes habitan en sus proximidades, pues hay más de doce tumbas que han sido saqueadas por delincuentes en busca de artículos de valor y los restos humanos se encuentran al aire libre. Alexander López, alcalde progreseño, dijo que ultiman detalles para abrir un nuevo cementerio. "Una comisión trabaja en la ubicación de un terreno, que esperamos adquirir en las próximas semanas para terminar con ese problema", informó.

Cantarero indicó que la decisión fue tomada luego de una inspección realizada la semana pasada por técnicos ambientales que verificaron que el sitio representa un riesgo para quienes ingresan en él.

"Nos basamos en 57 parámetros o estándares mínimos que debe cumplir un sitio de este tipo para funcionar. Lamentablemente este cementerio apenas cumple un 30 por ciento de esos requisitos. No podemos permitir que eso siga sucediendo, pues es un claro atentado contra la salud de la población", dijo.

En el lugar no hay agua, control de plagas, protección de tumbas ni un depósito de desechos sólidos; además, muchos de lo que trabajan excavando las tumbas y enterrando cadáveres son enfermos alcohólicos que habitan entre el mal olor y los restos humanos que se encuentran al aire libre. "Urge que las autoridades encuentren una salida inmediata al problema, procedan a cerrar de inmediato el cementerio y habiliten otro terreno para ese fin", recalcó.

El año pasado el Congreso Nacional entregó diez millones de lempiras a la Municipalidad para comprar un terreno donde ejecutar el proyecto; pero hasta el momento no han encontrado el sitio ideal que obtenga el visto bueno de las autoridades de la Secretaría de Recursos Naturales, Serna, y la Fiscalía del Ambiente.

"Aceleramos todos esos trámites para no seguir esperando. Hemos ubicado varios predios en los sectores norte y sur del municipio, lamentablemente no reúnen los requisitos ambientales que exige la ley", indicó. El funcionario dijo que la preocupación es de todos, pues los ciudadanos de escasos recursos económicos se ven en serios problemas para sepultar a sus deudos. Otro problema es la falta de vigilancia en horas de la noche, hay robos de cruces y saqueos de tumbas.

• Se espera que las autoridades municipales inicien el nuevo camposanto en los primeros meses de 2009 para terminar con el problema de contaminación.
• El camposanto es un claro atentado contra la salud de la población. Se debe buscar otro predio en forma urgente, señala autoridad ambiental.

Ediles acuerdan cero pólvora en Navidad en El Progreso

Para evitar el dolor de niños quemados por la manipulación de pólvora, las autoridades municipales de El Progreso ratificaron la prohibición de comercializar este producto en esta ciudad. Los diferentes sectores de la sociedad progreseña estuvieron pendientes de la decisión que tomarían los ediles, la que al final fue recibida con beneplácito por la mayoría de los progreseños.

La medida, que ha sido catalogada como un éxito por parte de las organizaciones protectoras de los niños y médicos de los centros asistenciales, fue implementada por primera vez en 2006, luego fue ratificada en 2007 y ésta es la tercera ocasión en que se pone en práctica. Inmediatamente los agentes de las Policías Preventiva y Municipal comenzaron a ejecutar operativos de vigilancia en las entradas y salidas de la Perla del Ulúa para evitar el ingreso de pólvora en esta Navidad. El alcalde Alexander López recordó que en su momento el caso fue analizado por los apoderados legales de la Municipalidad "para que nos dieran los lineamientos que debíamos seguir para ratificar la prohibición. Hemos decido prohibir la venta de este producto porque ante todo está la seguridad de las personas y en especial la de inocentes niños que sin percatarse del peligro manipulan este tipo de artefactos", dijo López. El funcionario explicó que la Navidad es para celebrarla en familia, por lo que considera que si en los últimos dos años se logró con la medida evitar niños quemados, se debe seguir con este proyecto que nos ayuda a evitar tragedias familiares.

• En 2007 no se reportaron niños quemados debido a la medida que fue ratificada por los corporativos que buscan una Navidad sin incidentes por pólvora.

Urgen 120 millones de lempiras para reparar daños dejados por inundaciones

Luego de las inundaciones provocadas por la depresión número 16, centenares de campesinos se preguntaron cómo pagarán los préstamos que les otorgaron los bancos si sólo tenían la ropa que llevaban puesta. Mientras tanto, las autoridades municipales hicieron un llamado de auxilio al Gobierno para que lo más pronto posible asigne fondos para reparar los daños.

La vulnerabilidad de El Progreso quedó nuevamente al desnudo. Un temporal de varios días provocó llenas en casi el 50 por ciento del municipio, afectando a centenares de pobladores de varios barrios y colonias del casco urbano, entre ellos San Miguel, Centroamericana, Dos de Julio, Policarpo Paz García y Palermo. Eso sólo ocurrió anteriormente durante el azote del Mitch en 1998. Ante tal situación y debido al temor de que con la llegada de más lluvias el Ulúa se desborde otra vez, las autoridades municipales de la Perla del Ulúa consignaron en un informe los daños y las pérdidas, cuyo monto supera los 120 millones de lempiras. El documento ya está en poder del titular de Soptravi, Rosario Bonano. Alexander López, alcalde de El Progreso, afirmó que las pérdidas son cuantiosas. "Sólo en el sector productivo los destrozos se cuantifican en 10.5 millones de lempiras. Estas personas necesitan recursos para salir de sus deudas y reactivar sus cultivos. A esto se suma la necesidad de reparar gran cantidad de viviendas dañadas parcial o totalmente, calles destruidas y boquetes en bordos. En total, las evaluaciones realizadas nos indican que necesitamos unos 120 millones por parte del Gobierno", informó.

Rosario Bonano señaló que Soptravi asigna 45 mil lempiras para la reconstrucción de cada una de las viviendas destruidas.

Inseguridad tiene en zozobra a vecinos y empresarios de Santa Cruz de Yojoa

El hallazgo de cadáveres en diversos sectores de Santa Cruz de Yojoa y los asaltos a negocios y carros repartidores mantuvieron alarmados a los empresarios y ciudadanos de este municipio quienes pidieron mayor efectividad a la Policía. "Es urgente tomar acciones para contrarrestar ese flagelo que nos está robando la tranquilidad en el lugar. Ya son muchas las personas victimadas y los establecimientos asaltados, tenemos que poner un alto al problema", expresó Francisco Pineda, presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz, de Yojoa, Ccscy. Entre los hechos más significativos están el asalto a una gasolinera e intento de atraco a una agencia del Banco Atlántida, unido a eso está el aparecimiento de al menos cinco muertos a la semana en diferentes lugares, sólo en septiembre. La situación se torna más delicada cuando en la posta policial de esta comunidad apenas hay doce agentes, seis que quedan de turno y el resto se va a descanso, y que no cuentan con la logística necesaria.

La gravedad del problema obligó a los empresarios a reunirse de emergencia con los miembros de la Corporación Municipal para contrarrestar la amenaza con estrategias de manera conjunta.

"En el encuentro pediremos una explicación a los miembros de la Unidad Municipal Ambiental, UMA, sobre cuál es el papel de la Policía, pues ya manejamos algunas denuncias de supuestos ilícitos cometidos por agentes en contra de afiliados de la Cámara dedicados al tallado de madera", apuntó.

Siguen ocurriendo hechos criminales, aparecen personas muertas en todas partes y nadie sabe nada, eso ahuyenta la inversión, dijo Pineda.

Agregó que la intención de esa institución es trabajar de manera conjunta con la Alcaldía y la Policía. "Estamos conscientes de que ese cuerpo policial necesita de nuestro aporte para realizar una mejor labor. Entre los planes está solicitar a Gobernación un permiso para instalar una tranca de control en la entrada a la ciudad.

Incomunicadas unas 12 mil personas por lluvias

Un deteriorado puente de hamaca de 240 metros, construido por Tony El Suizo en el año 2000, es el único paso que tienen los más de 12 mil habitantes de cuarenta aldeas del sector sur de Morazán y norte de Victoria.

En octubre de 1998 el huracán Mitch destruyó el único puente de concreto que permitía el acceso sobre el río Cuyamapa a estas comunidades por el sector de La Regina. A pesar de las solicitudes de las autoridades y pobladores al Gobierno para su construcción, todo sigue igual y los habitantes continúan sufriendo cada vez que se presenta un temporal.

En verano los pobladores y productores utilizan camiones y carros de doble tracción para cruzar el río. Cuando el caudal crece el paso queda cortado en su totalidad, lo que provoca considerables pérdidas a los agricultores y ganaderos de la zona.

El puente de hamaca ya está deteriorado y aun así las personas se arriesgan ante la necesidad de salir a buscar provisiones o realizar otra actividad. "Qué vamos a hacer, estamos conscientes de que en cualquier momento esos cables y la madera puede ceder; le rogamos a Dios que no ocurra porque allí sí sería un desastre", expresó el campesino José Garmendia.

El balanceo del puente de hamaca ha estado a punto de cobrar vidas, pues el movimiento hace que las personas se mareen y se resbalen, por suerte no ha caído nadie al vacío, manifestaron los vecinos. Gumercindo Rodas, alcalde de Morazán, dijo que el problema lo sufren desde hace más de 10 años y hasta el momento las autoridades de Copeco no han dado la respuesta debida a las necesidades que enfrentan a causa de las lluvias. "Ya no queremos seguir con este tipo de problemas, estamos cansados de buscar ayuda en el Gobierno y nadie da respuesta", comentó el corporativo.

• El problema ha provocado un gran atraso en el desarrollo de las aldeas del sector sur de Morazán, especialmente en la zona agrícola.

En septiembre de 2009 estará listo el puente Guaymón

Se espera que el paso por el puente Guaymón sobre el río del mismo nombre esté habilitado en los últimos meses del próximo año para el tránsito de vehículos entre El Progreso y la zona atlántica del país.

La obra arrancó a finales de 2007 a cargo de una compañía japonesa con fondos de ese país asiático y se encuentra muy avanzada.

Masagiro Yokojama, encargado del proyecto, informó que actualmente trabajan en la construcción de las vigas que luego serán colocadas en los cimientos donde quedará el puente. La estructura permitirá la comunicación vía terrestre entre El Progreso y Tela y el resto de las comunidades de los departamentos de Atlántida y Colón. Ante la situación y la necesidad de un paso en el lugar, el Gobierno se vio obligado a transportar desde Choluteca un puente Bailey que mide 52 metros de largo.

Su instalación tuvo un costo superior a los 200 mil dólares. Yokojama agregó que espera entregar el puente a más tardar en septiembre de 2009.

Río Humuya ya no sufrirá contaminación por aguas negras

La contaminación por aguas negras y grises que por muchos años han sufrido los más de 10 mil pobladores del casco urbano de Santa Rita está por terminar con la ejecución de un proyecto de alcantarillado sanitario y tratamiento a un costo de 71 millones de lempiras.

El sueño se hizo realidad cuando el ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social, Fhis, César Salgado, la alcaldesa Francisca Bustillo y otras autoridades edilicias colocaron la primera piedra de la anhelada obra que protegerá la salud de los habitantes del casco urbano de este municipio. Durante más de cincuenta años, los habitantes de barrios y colonias de esta ciudad han utilizado el caudal del río Humuya y sus canales de alivio para lanzar las aguas negras por la falta de un sistema para tratarlas. Lo anterior ha generado enfermedades de la piel y gastrointestinales.

"Damos un gran paso en la protección de la salud de los habitantes que pedían a gritos que se acabara con ese flagelo de la contaminación", expresó la alcaldesa Francisca Bustillo.

Lluvias anegan el Canal Seco en Pimienta y Potrerillos

El proyecto del Canal Seco se empezó a construir en los municipios de Potrerillos y Pimienta y pasa por la parte más vulnerable de esos sectores.

Durante las inundaciones de septiembre y octubre el proyecto quedó completamente anegado, obligando a que los ejecutores de la obra suspendieran los trabajos mientras bajaban los niveles del los ríos Blanco y Ulúa.

Aunque el Canal Seco se anegó, los que construyen la obra anunciaron que el proyecto está diseñado para soportar un huracán categoría Mitch, y que si se inundó fue porque no tenía la elevación adecuada, que es de unos seis metros de altura.

Sin embargo, las autoridades de los municipios que cruzará esta vía aseguraron que ese tramo se continuará inundando.

Osman Pascua, ingeniero residente de la obra de La Barca-Pimienta Norte, dijo que El Canal Seco no protege ni afecta a los municipios. En Choloma, las autoridades pidieron que el corredor logístico cruce por el actual bulevar para no dividir el municipio. En Villanueva recomendaron que no pase por el bulevar porque ya mantienen un alto tráfico vehicular y en Puerto Cortés buscan hacerle un nuevo paso para evitar el congestionamiento. El tema fue discutido en conjunto por alcaldes, autoridades de Ambiente, la federación de municipios y organismos internacionales, donde se analizó la carencia de infraestructura en el diagnóstico sobre riesgo urbano de los mencionados municipios del Valle. El alcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla, destacó que no existe un plan de país cuando se trata de un proyecto de tal magnitud. El alcalde de Puerto Cortés, Allan Ramos, sostuvo que el Gobierno ha manejado el proyecto desde La Barca hasta la conexión con el sur del país; pero desde la Barca hasta la Portuaria, pasando por Potrerillos, Villanueva, Pimienta, San Pedro Sula, Choloma, Puerto Cortés, aún falta desarrollar obras.

• Los municipios del Valle de Sula no están listos para soportar el alto tráfico. Muchos catalogan la vía como más amenaza que beneficio

Alcaldía sampedrana no rindiIó cuentas por cobro de peaje

Durante todo el año, las municipalidades de La Lima y de San Manuel permanecieron a la espera de que su similar de San Pedro Sula les cancelara la deuda pendiente por cobro de peaje. La Alcaldía sampedrana debe cancelarles a estos municipios el cinco por ciento de los ingresos de peaje del este, cuya cifra asciende a más de diez millones de lempiras. Además, las autoridades de la Alcaldía de San Pedro Sula expresaron que se pondrían al día con dichas comunas.

La alcaldesa Dilcia Fernández manifestó que demandaría a la comuna sampedrana, pues hay cuentas pendientes desde 2007.

Durante todo el año pidieron audiencia con el alcalde Rodolfo Padilla Sunseri, pero no lo lograron. Fernández declaró que con esos fondos se tenía contemplado ejecutar varias obras, y que a raíz de la demora tuvieron que buscar un crédito en la banca privada. El alcalde de San Manuel, José Martínez, indicó que no tienen acceso a las finanzas de la Municipalidad sampedrana y que ya están cansados de pedir audiencias con el mencionado alcalde.

Obras de mitigación comienzan tarde por atraso de desembolsos

Los fondos que transfiere el Gobierno a la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, Cevs, fueron transferidos hasta en abril, cuando debieron ser entregados en enero. Mientras llegaba el presupuesto, las autoridades de la Cevs trabajaron en licitación y preparación de proyectos.

Inicialmente los de la Cevs contemplaron un presupuesto de 110 millones de lempiras y así poder ejecutar obras de mitigación en todo el Valle de Sula, pero al final sólo se les asignaron 55 millones de lempiras, de los cuales 48 millones fueron destinados para los proyectos, y el restante para gastos administrativos.

También hubo una transferencia exclusiva de 25 millones de lempiras para la canalización del río Guaymón, pues era el que mayores problemas generaba en el departamento de Yoro. Por el corto presupuesto y por la premura del tiempo, la Cevs dejó de realizar muchas obra prioritarias en municipios como San Manuel, El Progreso y El Negrito. Dentro de las obras que fueron ejecutadas están la reparación de bordos y engavionados en el río Chamelecón.

Alcaldes del Valle enfrentan año de acusaciones

Varios alcaldes del Valle de Sula fueron acusados a lo largo de 2008.

Dilcia Fernández, alcaldesa de La Lima, compareció varias veces ante el Ministerio Público, donde enfrentó una denuncia por no permitir la venta de pólvora en 2006.

En abril, el alcalde de El Progreso, Alexander López, fue acusado por la vicealcaldesa Aura Madrid de no rendir informe sobre la manera en que se invirtieron los fondos.

Meses después María Antonieta Botto, alcaldesa de Villanueva, se presentó a la Fiscalía, acusada de haber comprado unos vehículos sin la autorización respectiva, al final el fallo le fue favorable.

El alcalde de Quimistán, Juan José Guevara, también se presentó ante la Fiscalía, él fue señalado por supuesta malversación de fondos públicos. Para continuar con la investigación, el Ministerio Público la semana pasada intervino a la Alcaldía. Falta tomar las declaraciones de algunos corporativos a fin de encontrar pruebas, pero será hasta enero próximo cuando se presentarán.

San Pedro Sula y El Progreso, los más ausentes de la ZMVS

En agosto, en una de las sesiones mensuales que realizan los alcaldes miembros de la Zona Metropolitana del Valle de Sula, Zmvs, determinaron excluir a la alcaldía sampedrana de la mancomunidad, pues mantenía una deuda millonaria con la organización.

La alcaldía de El Progreso también les adeuda.

En esa misma reunión eligieron la nueva junta directiva, que encabeza el alcalde porteño Allan Ramos como el presidente de la Zmvs.

Ramos señaló que ambos municipios son importantes para la mancomunidad, pero que las reiteradas ausencias en las asambleas eran un mensaje de que no querían formar parte de dicha organización.

En ese entonces más que las cuentas pendientes, los alcaldes lo que reclamaban era su presencia física. La alcaldesa de La Lima, Dilcia Fernández, sostuvo que separar a esos municipios debilitarían la organización y recomendó que éstos deberían poner las cuentas al día porque los proyectos benefician a todos. Esa sesión se realizó en Santa Cruz de Yojoa.