Honduras
Financiar una campaña electoral en el país no cuesta menos de 200 millones de lempiras, de acuerdo con organizaciones que monitorean. Se sabe un aproximado de cuánto se gasta, pero es un misterio el origen de los fondos.
La Ley Electoral establece que luego de cada proceso electoral los partidos políticos participantes deben rendir un informe de gastos, tanto administrativos como el financiamiento de campañas; sin embargo, esos informes son entregados al Tribunal Supremo Electoral, con sumas ínfimas y como nadie las objeta quedan validadas.
Para los magistrados del TSE los cinco partidos políticos presentan sus informes respectivamente auditados y luego son publicados en medios de comunicación, pero nunca han existido reparos por esos montos.
“Los partidos políticos sí están rindiendo cuentas. La Ley lo establece para los partidos políticos y para los movimientos somos nosotros los que establecemos las reglas de juego y deben presentar un informe. La ley establece que los partidos políticos deben rendir un informe de cómo se financian una vez al año, pero además un informe especial después de cada proceso electoral, eso manda la Ley y la cumplen los partidos”, dijo Augusto Aguilar, presidente del TSE.
¿Informes verdaderos?
Pero la realidad es otra, pues los partidos tradicionales presentan informes de gastos de 20 a 30 millones de lempiras, cuando organizaciones sociales establecen campañas electorales no menores a 200 millones de lempiras por partido.
Lucas Aguilera, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, Pdch, establece que partidos como el suyo no tienen problemas pues se financian de la deuda política, aportes de la militancia y alguna que otra donación, cifra que no supera ni los diez millones de lempiras en un año electoral.
Aguilar sostiene que las campañas de elecciones primarias son más caras que las generales, porque hay muchos más candidatos, razón por la que estos procesos primarios no los debería financiar el Estado, sino los mismos partidos.
Agregó que sólo el Partido Liberal lleva cinco corrientes, que equivaldrían a los cinco partidos de una elección general. Eso implica diez papeletas en cada mesa electoral, es demasiado gasto, son las mismas urnas, mismos centros de votación, más el traslado.
“Actualmente el presidente Manuel Zelaya se queja de los grupos de poder, pero la gran burguesía lo llevó al poder y los grupos de poder que le financiaron la campaña, él es parte de los grupos de poder”.
Como esos financiamientos vienen sin origen claro, “debemos cuidar que los pocos recursos tengan buena procedencia y utilizarlos bien”.
Jorge Aguilar Paredes, presidente del Partido Innovación y Unidad, Pinu, explicó que su partido gastó siete millones en la campaña electoral pasada, provenientes de la deuda política más las aportaciones de afiliados y voluntarios, y alguna que otra actividad.
“Los partidos tradicionales gastan cantidades exageradas y son una bofetada al pueblo porque ante tanta necesidad deberíamos limitar lo que se gasta. En algunos estados de Estados Unidos limitan las campañas a 30 mil dólares por candidato. Legalmente se pueden limitar esas cantidades y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas; los candidatos deben rendir cuentas de dónde financian su campaña política”, recomendó.
César Ham, presidente de Unificación Democrática y precandidato presidencial, dijo que en la campaña anterior gastaron unos cinco millones de lempiras y para estas elecciones internas, donde no participarán, tienen dispuestos casi un millón de lempiras. “Siempre hemos planteado la necesidad de que se establezca un techo de fondos para campañas, que se identifique con claridad la procedencia de los recursos, tener un techo máximo de gastos. Los partidos tradicionales no han considerado esas propuestas de las últimas dos elecciones. Hay grupos de poder que financian a los candidatos a alcaldes, diputados y hasta al Presidente, ésa es una vía de financiamiento. Otros hacen aportaciones menores a 500 mil lempiras que no se reportan ante ninguna autoridad, entonces lo que hacen es hacer aportaciones hasta en 50 oportunidades sin identificar a los donantes”.
Los movimientos no deben recibir donaciones anónimas
La Ley Electoral establece en el artículo 83 que “Queda terminantemente prohibido a los partidos políticos, movimientos internos y sus candidatos a cargos de elección popular, aceptar en forma directa o indirecta contribuciones o donaciones anónimas, salvo las obtenidas en colectas populares; contribuciones o donaciones de los funcionarios y empleados que se desempeñen en la administración pública centralizada y descentralizada, sin previa autorización de éstos; contribuciones de ejecutivos, directivos o socios de las empresas mercantiles que tengan concesiones con el Estado y las que explotan los juegos de azar o vinculadas con actividades mercantiles ilícitas, prohibición que es extensiva a empresas matrices subsidiarias, sucursales y personas particulares”.
Además es prohibido aceptar subvenciones o subsidios de Gobierno, organizaciones o instituciones extranjeras; y, contribuciones o donaciones de personas naturales o jurídicas extranjeras, cualquiera que sea la forma en que actúen.
Los infractores de cualquiera de las prohibiciones enumeradas en este Artículo, serán sancionados con una multa equivalente al doble del monto que se compruebe haber recibido.
