Muchas dudas y poca ayuda, saldo de Alba

El mismo día que asumió el poder, el presidente Daniel Ortega anunció su adhesión a la Alternativa Bolivariana de las Américas, Alba. Era el 10 de enero de 2007. Hoy, tras casi dos años de ese momento, los nicaragüenses hicieron un análisis para LA PRENSA sobre aquella decisión.
Los resultados son divergentes. Por un lado está la confusión generada por la desinformación acerca de la modalidad del proyecto Alba en el vecino país; aún no hay claridad si la firma con Venezuela supone una donación o un préstamo.

Lo mismo sucede en referencia a la cantidad exacta de ayuda recibida. Mientras el presidente Ortega habla de 500 millones de dólares, el Banco Central de Nicaragua, en su informe de hace tres semanas, hace referencia al recibo de 184 millones de dólares. Los 320 millones de dólares de diferencia han generado los señalamientos de políticos, empresarios y hasta del mismo vicepresidente, Jaime Morales Carazo, que piden cuentas claras.

Pero la confusión es mayor cuando se habla del manejo de los fondos, el cual sigue sin definirse como un apoyo entre Estados, como negociaciones entre empresas privadas o una mezcla de ambos. Nadie explica aún con claridad cómo funciona, cómo se maneja el dinero y muchos apuntan a que el mismo sólo sirve para dejar ganancias entre los partidarios y amigos cercanos de Ortega que lo utilizan para mantenerse en el poder y financiar sus campañas.

Nicaragua está en plena efervescencia política por las elecciones para puestos municipales en noviembre.

Visiones diferentes

Navegando en esa confusión y falta de transparencia están los empresarios, quienes critican el fluctuante cambio de discurso de Ortega, unas veces a favor de fortalecer el libre comercio nicaragüense y otras veces populista, contra Estados Unidos y en apoyo directo a Hugo Chávez.

El fuerte oleaje de las palabras presidenciales atrae y aleja el barco de las inversiones extranjeras directas, según los empresarios, entre los que es común escuchar la frase que "no hay que poner atención a lo que dice Ortega, sino mejor trabajar en nuestro objetivo de impulsar la economía para poder salir del atraso en el que estamos".

Podría ser mejor

En el océano de la desinformación macroeconómica, los habitantes y todos los sectores de la sociedad resaltan como el mayor beneficio recibido hasta ahora, la suspensión de los apagones que durante el gobierno de Enrique Bolaños sumergieron al país en la oscuridad y que Ortega ha solucionado con la obtención de dos plantas generadoras de energía térmica. Sin embargo, ello no aparta al país de la costosa generación en base a combustibles y no en recursos renovables.

Los nicaragüenses también señalan los beneficios obtenidos por el subsidio al transporte público; pero destacan que para el transporte privado, la importación de combustibles desde Venezuela debería generar la disminución de precios en las gasolineras, en las cuales los combustibles son los más caros de la región.

La sociedad también resalta de manera divergente los resultados de los demás programas como Hambre cero, Vivienda para el pueblo o la repartición de ayuda para la producción alimentaria.

Algunos nicaragüenses, tras casi dos años de haberse iniciado la ayuda venezolana, sólo conocen a la Alba por la intensa publicidad desplegada en la calles del país –similar a la que busca implementar el presidente José Manuel Zelaya Rosales en Honduras- o por las constantes críticas en los medios de comunicación.

En Managua, en las principales ciudades y poblados rurales, uno de los principales programas es el denominado Hambre cero, que busca combatir la carestía de la canasta básica mediante la venta a precios menores de los del mercado de granos básicos.

La carestía es una queja generalizada de la población a la que es común escucharle: "Los sueldos ya no alcanzan para nada, la comida está muy cara..."

Sin embargo, el programa afronta dos problemas: la calidad de los alimentos que el Gobierno vende y la cantidad. Según algunos pobladores, los alimentos que se distribuyen en la actualidad bajo el nombre de Alba, corresponden realmente a los que Rusia entregó en la década de los 80 a este país, y que por su antigüedad provocan que el sabor sea diferente a la hora de cocinarlos.

Los nicaragüenses que sí reconocen haber recibido algún apoyo de la Alba se quejan porque tras las largas filas que se forman en los puntos de distribución –uno por cada dos o tres colonias, en puestos similares a los Banasupros- muchas veces se quedan con las manos vacías por la poca cantidad de alimentos. No hay comida para tantos.

Mala calidad

Las quejas también giran en torno del proyecto de vivienda, debido al acceso a los beneficios y la calidad de los hogares que se construyen.

El acceso está ligado a los Consejos del Poder Ciudadano que certifican que el aspirante sigue la ideología de la Alba. La calidad de las viviendas y las calles está en el foco de las críticas debido a que no resisten el clima.

En el campo

La ayuda para los agricultores, como todo el tema Alba, también genera reacciones divididas. Una cosa es hablar de la entrega de urea, semillas, fertilizantes e insumos, que llega por medio de la empresa privada y el Estado a una buena parte de campesinos que están organizados en cooperativas o a los que han sido afectados por el huracán Félix en 2007. Sin embargo, deja por fuera a los que son independientes y no fueron afectados por el fenómeno climatológico.

Otra cosa es hablar de la entrega de tractores –que en nuestro país también está prometida por una cantidad de 100 unidades-. La maquinaria es manejada directamente por el Gobierno y entonces aparece otra vez el tema de la falta de transparencia y del beneficio hacia los allegados del Presidente.

La Nicaragua de Daniel Ortega se desliza así sobre la Alba, un instrumento que deja por ahora más preguntas que respuestas, que tras dos años de vigencia poco ha servido para sacar al país de los últimos puestos en desarrollo humano de la región.

Nicaragua vive entre los dos modelos: entre la Alba y el Alca, un mano a mano que parece ganar el modelo que acerca a Estados Unidos o de Europa como principales socios del país. "Al fin y al cabo, Venezuela no significa un gran comercio para nuestro país como lo supone Estados Unidos", reconocen los empresarios.

De Albanisa a Albacaruna

El proyecto Alba en Nicaragua comprende, en el sector petrolero, el pago de 50% de la factura entre uno y tres meses. Si se cancelaba el 50% en el primer mes, no se generaban intereses. A partir del segundo mes se pagaba 1%. El otro 50% era pagadero a 23 años plazo, con tres años de gracia y dos por ciento de interés.

Inicialmente, los fondos que debían pagarse a largo plazo serían administrados por la empresa privada Albanisa, constituida paradógicamente por dos empresas públicas: PDVSA -pública venezolana con el 51% de las acciones que por tanto define qué hacer con los recursos- y Petronic -una empresa mixta nicaragüense que dirige Francisco López, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional-.

Nadie explica con exactitud la forma de administración de fondos. Tampoco se explica por qué PDVSA no le entregó los fondos a Petronic y en cambio se creó una microfinanciera llamada Albacaruna que maneja los fondos que ya no pasan por Petronic.

Según las fuentes consultadas por LA PRENSA, Albacaruna está formada por personajes asociados al Frente Sandinista que no rinden cuentas de los fondos que no hacen parte del presupuesto general ya que son manejados por medio de empresas privadas que no están obligadas a rendir cuentas públicas.

Albacaruna presta dinero a empresas públicas como GECSA -plantas eléctricas- Intrama -transmisora de energía- y al subsidio de los buses de transporte colectivo urbano en Managua y Sandino. Los críticos dicen que todo lo aprobado por la Asamblea Nacional ha cambiado con el paso del tiempo.

Nicaragua gasta cada año entre mil y 1,100 millones de dólares en la importación de combustibles, una cifra incubrible con recursos propios.
Ortega maneja los proyectos sociales con los Consejos del Poder Ciudadano, CPC, lo cual genera discriminación entre la población pobre.