Honduras: Intervienen cuentas de sospechosos

La Fiscalía hondureña ha iniciado el proceso para intervenir cuentas bancarias de ocho personas y cuatro empresas que han resultado mencionadas en el pago de sobornos de la telefónica LatiNode.

En la solicitud preparada por el Ministerio Público y dirigida a la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Cnbs, se piden los movimientos y transacciones desde marzo de 2004 a junio de 2007, el período mencionado en la declaración hecha en los tribunales de Miami, Florida.

Ver infografía: Cronología del escándalo del soborno

LatiNode confesó haber pagado 1.09 millones de dólares en sobornos (unos 20 millones de lempiras) a funcionarios de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, Hondutel, para lograr la interconexión y rebaja de tarifas, según consta en un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La sentencia señala que funcionarios identificados solamente como A, B y C recibieron el soborno en este Gobierno.

La denuncia es investigada por el Ministerio Público a través de las Fiscalías Contra la Corrupción y Contra el Crimen Organizado, las que reciben el apoyo del Tribunal Superior de Cuentas y la Procuraduría General de la República.

Desde que se destapó el escándalo, el MP definió las diligencias investigativas a seguir para sustentar el expediente e interponer dos requerimientos fiscales ante los tribunales de justicia, uno contra los funcionarios hondureños que recibieron el millonario soborno y otro contra socios de LatiNode involucrados en este ilícito. Se considera imputar los delitos de cohecho, fraude y abuso de autoridad.

Vea: Perfiles de los implicados en soborno I y II

"Es una obligación de nosotros pedir una información al sistema financiero nacional sobre las personas que podrían estar involucradas en esta denuncia, se pide a la Cnbs", informó una fuente de la Fiscalía.

El informe que se solicita refiere a información de cuentas bancarias a nombre de ocho personas y cuatro empresas, que no se revelan por la secretividad de las investigaciones.

Se solicitan movimientos en cuentas desde marzo de 2004 a junio de 2007, período en que según la sentencia estadounidense se pagaron los sobornos.

En un rastreo a las cuentas bancarias se podrá conocer a quiénes se depositaron valores en consideradas transacciones atípicas. De esa forma el MP puede ir desenredando la madeja sobre la identidad de los funcionarios que el Departamento de Justicia identifica como A, B y C.

Especial: Escándalo por soborno

Igual información financiera se solicitará a Guatemala, mediante la remisión de una asistencia judicial, donde LatiNode eligió por sede. "Eso tendría que hacerse", expresó la fuente.

De acuerdo con lo que se revele en los informes que la Cnbs y Guatemala remitan al MP se solicitará, por vía judicial, que las cuentas bancarias sean aseguradas por el Estado.

"Si se pueden asegurar (las cuentas), hay medidas por vía judicial, que se establecen en la Convención Latinoamericana contra la Corrupción", explicó el informante.

No tipificarán delito de lavado de activos

Los cuerpos investigadores no consideran tipificar el delito de lavado de activos porque no existen los elementos suficientes para ese efecto.

Para el caso, este ilícito se imputa cuando no se ha comprobado la comisión de otros delitos.

En los últimos días, el MP ha recabado evidencias de este escándalo, entre ellas un informe del TSC que revela que el ex gerente de Hondutel, Jacobo Lagos, suscribió un contrato para aplicar un descuento del 20% sobre las tarifas a LatiNode.

Lista asistencia

En esta semana, el presidente del TSC, Renán Sagastume, enviará una asistencia judicial a las autoridades judiciales de EUA en la que se pide brindar pruebas documentales.

Para hacer más ágil el envío de la información, el MP se vale del proceso establecido en la Convención Interamericana de Lucha Contra la Corrupción, de la cual Honduras es signatario.

La Fiscalía General solicitó al presidente TSC, Renán Sagastume, que, como representante en Honduras de esta Convención, remita la petición al fiscal general de EUA, Eric Holder, para que éste evacúe la solicitud y se legalice la información.

El fiscal general de EUA es el jefe del Departamento de Justicia relacionado con los asuntos legales y es el principal funcionario del Gobierno estadounidense para las tareas relativas a la aplicación del derecho.

Con la remisión de evidencias, que se estima que se hará entre 15 a 20 días, los entes investigadores podrán conocer en detalle los nombres completos de los involucrados en el millonario soborno y obtener pruebas suficientes para interponer las acusaciones ante los tribunales.

De ser necesario, un equipo de fiscales se trasladará a los EUA para reclamar la asistencia judicial solicitada.

El MP no puede vincularse con la sentencia de los EUA, los sospechosos tienen que pasar por un tamiz de un proceso penal hasta ser condenados, respetando garantías.

"Si se investigan cuentas bancarias, que en realidad lo dicho de las personas que salieron condenadas por esta sentencia, no le quedará más a la Fiscalía que presentar el requerimiento fiscal", expresó la fuente.

Los documentos

Son tres informaciones vitales las que se pretenden que la justicia de Estados Unidos remita a la Fiscalía y que pertenecen al expediente de LatiNode en el juicio que se le ventiló en la Corte Federal de Miami, según Sagastume.

Estos documentos son: el escrito de acusación contra LatiNode, el documento en donde LatiNode acepta la acusación y el acta donde la compañía hace un serie de compromisos.

"Yo creo que va a apelarse también al Gobierno de Estados Unidos y especialmente a la Fiscalía a efecto que pueda colaborar en traducir quiénes son (los funcionarios) A ,B y C en los pagos que se ha realizado y a quiénes se han realizado".

Aseguró que no se pueden hacer acusaciones basándose en datos que se divulgan en Internet o en los medios de comunicación, sino que mediante la copia certificada del expediente de ese caso.

"Está en juego la institucionalidad. Si después de esta situación (investigación) y pasado el tiempo no tenemos resultados concretos, la credibilidad de las instituciones estaría seriamente cuestionada", reflexionó el funcionario.

TSC se instala en Hondutel

Hasta un espacio en el estacionamiento de Hondutel se le asignó al personal del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que durante un mes investigará los escándalos de corrupción que salpican a funcionarios del actual Gobierno.

El TSC investigará las denuncias de un millonario soborno efectuado por los ejecutivos de la firma LatiNode a por lo menos tres funcionarios de Hondutel de alto rango y a varios de menor rango, específicamente del departamento de Facturación.

En los próximos días, trascendió, revisarán archivos contables, contratos y otros documentos en poder de las autoridades de Hondutel para esclarecer el rosario de denuncias relacionadas con las rebajas a las tarifas que se establecieron en el contrato con LatiNode.

El presidente Manuel Zelaya, en cadena de radio y televisión, afirmó que los ejecutivos de LatiNode "perdieron su dinero" si pagaron sobornos a cambio de rebaja a las tarifas, porque revisaron la documentación de 2006, 2007 y 2008 y corroboraron que no hubo tal rebaja.

Sin embargo, apenas unas horas después y obligados por las investigaciones de LA PRENSA, los mismos funcionarios del actual Gobierno han tenido que reconocer que sí hubo una piñata de rebajas a la empresa sobornadora.

EL TSC deberá establecer ahora si el Presidente mintió o estaba desinformado.

El director Ejecutivo del TSC manifestó que ya estaba casi listo el informe respecto a las denuncias del tráfico gris de llamadas internacionales y respecto a otras denuncias de supuestos actos de corrupción cometidos en Hondutel.

Elvin Santos promete una Alcatraz para sobornados

El candidato del oficialista Partido Liberal, Elvin Ernesto Santos, anunció que construirá una cárcel especial en una isla de Honduras para meter allí a los delincuentes de cuello blanco, especialmente a los que "sobornan y se dejan sobornar, los que trafican con influencias y los que contratan empresas de maletín".

La frase de Santos, pronunciada en la convención liberal el fin de semana, coincide con el escándalo que envuelve a funcionarios del Gobierno liberal, por haber recibido sobornos de la telefónica LatiNode.

"Daremos la lucha contra la delincuencia y construiremos las dos cárceles para poner tras las rejas a los delincuentes", dijo Santos en su discurso.

Señaló que se edificará una cárcel en un territorio aislado de la civilización para que los internos no puedan seguir dirigiendo sus organizaciones delictivas y para que desde la prisión no puedan manejar la criminalidad.

"El Alcatraz hondureño viene en una isla que hoy no voy a divulgar el nombre, pero que ya tengo los planos donde van a ser resguardados todos los delincuentes. Habrá una sección especial para los delincuentes más dañinos de todos: los de cuello blanco", señaló. Añadió que ahí serán puestos los que sobornan y que se dejan sobornar, los que trafican influencias, los que amañan las licitaciones, las compañías de maletín, los que dan y obtienen cartas de libertad.

"Ya tenemos esos planos y ahí en esa cárcel muy pronto habrá justicia verdadera y ahí estaré esperando a aquellos que están saqueando este país y lo han saqueado y que son una vergüenza para Honduras", enfatizó.

Protagonistas

Marcelo Chimirri
Ex gerente de Hondutel

Según documentos de Hondutel, él autorizó una rebaja de 5 y 7 centavos de dólar al tráfico de llamadas de LatiNode mediante un acuerdo de confidencialidad. Hasta ahora el ex funcionario no se ha referido al contenido de este documento.

Jacobo Lagos
Ex gerente de Hondutel

Un informe del TSC ha revelado que el ex gerente Jacobo Lagos, actual jefe del Staff Presidencial, autorizó un descuento a la telefónica LatiNode, lo que trajo pérdidas a la estatal hondureña.