Andi pide sensatez para decidir alza al mínimo

Cuatro días después de finalizadas las negociaciones para fijar el nuevo salario mínimo, se señala al presidente Manuel Zelaya de propiciar el cierre de empresas y el despido masivo de obreros, si accede a las pretensiones sindicales de fijar por vía decreto un aumento al salario mínimo que oscile entre 5,500 y 6,200 lempiras mensuales.

El 20 de diciembre a las 2 de la tarde, los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Cohep y de las tres centrales obreras determinaron de mutuo acuerdo firmar el acta número dos de la Comisión del Salario Mínimo, mediante la cual declaraban agotada la negociación. Las partes determinaron que el acta suscrita fuese entregada ese mismo día al Presidente de la República para dejar en sus manos la determinación que se tome sobre este particular, entrando en vigencia a partir del 1 de enero de 2009.

"Le pedimos al gobierno que analice esta situación con responsabilidad, caso contrario será el único responsable de que una gran cantidad de gente quede desempleada. El 2009 será un año duro para nosotros y para todo el mundo", señaló el director de la Asociación Nacional de Industriales, Andi, Fernando García.

Para García, resulta curioso que desde antes de iniciada las negociaciones coincidieran las posiciones entre la dirigencia obrera y el gobierno. Ambas partes no negociaron un punto intermedio, sino que se inclinaron por fijar el incremento salarial a los montos antes mencionados.

El directivo, que participó de las conversaciones de la comisión tripartita, advirtió que no sólo se despedirán trabajadores, sino que el empresariado se limitará a contratar al personal estrictamente necesario.

García se preguntó por qué razón la dupla integrada por la Secretaría del Trabajo y las centrales obreras analizan de manera exclusiva y con "terquedad" el alza a los productos de la canasta básica de alimentos y se deja de lado el estudio de la situación económica local, regional e internacional, así como el impacto que tendrá en el país la crisis financiera global.

Sin embargo, la ley faculta al presidente Zelaya como el responsable de fijar este incremento.