Contratados 26,348 nuevos burócratas

Desacelerar los salarios fue la receta del FMI para rescatar las finanzas públicas. Sin embargo, la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales obvió esa recomendación y ahora se enfrenta de nuevo a una creciente masa salarial que amenaza la estabilidad fiscal del país.

El Gobierno se comprometió ante las autoridades del Fondo Monetario Internacional, a principios de febrero en Washington, a contener la masa salarial este año y reducirla en 2009, según el acuerdo "stand by" aprobado el 8 de abril anterior. El compromiso de la administración central es que la partida de sueldos y salarios alcance 9.2% del PIB, 24,512 millones de lempiras.

La misión técnica del FMI iniciará este lunes la revisión de las metas indicativas del primer semestre de 2008 contempladas en el programa acordado con Honduras en la capital estadounidense. El techo fijado al 30 de junio era gastar 11,978 millones de lempiras en sueldos y salarios.

El número de empleados del sector público ha mostrado un considerable aumento en los últimos tres años. A pesar de las continuas advertencias del Fondo Moneterio de contener la masa salarial, el presente Gobierno ha contratado 26,348 nuevos burócratas en su gestión.

Así lo revelan las cifras de las encuestas permanentes de hogares del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, ya que los ocupados en el sector público -administración central, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas públicas- se incrementaron de 158,194 a 184,542 empleados en el período octubre-2005 a septiembre-2007, o sea 26,348 personas más.

La contratación de personal, ha impactado en la masa salarial de la administración central, la que se disparó de 17,025.6 a 24,511.8 millones de lempiras en el periodo 2006-2008.

Opuesto

Mientras el Gobierno anuncia que en nombre de los pobres se gastarán en 2009 más de 28,000 millones de lempiras, organizaciones de sociedad civil denuncian que un 40 por ciento de los recursos destinados a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) se desviaron a sueldos y salarios públicos.

Los señalamientos fueron efectuados en las puertas de la misma Secretaría de Finanzas, hasta donde los representantes de entidades campesinas, obreras y las integradas en la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo (Foprideh), clamaron por transparencia en el uso de los recursos públicos.

Ernesto Gálvez, vocero de las entidades de sociedad civil, dijo que el Gobierno ha informado que integrará en el Presuesto General de la República, unos 28,000 millones de lempiras para financiar programas y proyectos de la ERP. A través de la Red Solidaria se administra "con discrecionalidad" un crédito por 30 millones de dólares, 570.6 millones de lempiras, brindado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

La denuncia

Gálvez citó que en la Ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza se ordena que el presupuesto de la ERP se efectúe en el marco del Consejo Consultivo de la ERP, pero esta normativa se incumplió en los últimos tres años, que se destinaron recursos de la ERP para los municipios. "La ministra de Finanzas, Rebeca Santos, no ha querido brindarnos ni una cita para discutir este tema", afirmó. Según Gálvez tienen conocimiento de que el grueso de los fondos de la ERP está destinado al pago de empleados públicos y a financiar proyectos que no atacan de manera directa a la pobreza. En un comunicado suscrito por los dirigentes de 12 redes de organizaciones y cinco regiones del país señalaron que el Banco Mundial, BM, tiene un estudio de que alrededor del 40 por ciento de la ERP no va a los pobres. "Imagínese que los fondos totales de la ERP para este año ascienden a 28,000 millones de lempiras, eso quiere decir que casi 14,000 millones de lempiras se destinan a los sueldos y salarios de maestros y docentes", denunció Gálvez.