Empresarios de EUA piden levantar alerta
Estados Unidos
Una delegación de empresarios estadounidenses radicados en Honduras pidió levantar la alerta de viajes a ese país y el envío de observadores para garantizar la transparencia de las elecciones en noviembre próximo.
Los empresarios se reunieron con líderes republicanos de la Cámara de Representantes y llevaron al Congreso de EUA el mensaje de que la única solución de la crisis actual son los comicios el próximo 29 de noviembre.
“Estamos aquí por dos razones: que quiten el aviso -alerta de viajes- a Honduras, porque está impactando la industria del turismo... y -decir que- es imperativo que manden observadores a las elecciones”, le dijo a la prensa Russ Summerell, propietario de la empresa importadora Flying Fish.
Summerell criticó la política actual de EUA de aislar al Gobierno en Honduras y advirtió de que con una prolongación de la crisis “los pobres van a sufrir y desaparecerá la clase media”.
Lloyd Davidson, dueño de un cafetal y del Parque Macaw Mountain, en Copán, afirmó que “se está apagando el fervor a favor de Manuel Zelaya”.
Las manifestaciones a favor de su restitución ahora atraen a no más de 150 personas y “no estamos viendo mucho apoyo para Zelaya”, agregó.
El grupo incluyó a los empresarios Mitch Cummins, de Paradise Computers, y Gary Chamers, de Palmetto Bay Plantation.
Insistieron en que, independientemente del origen de la crisis, la solución está en permitir que sigan adelante las elecciones programadas antes del golpe de Estado que derrocó a Zelaya el pasado 28 de junio.
Según los empresarios, el turismo ha descendido drásticamente por la crisis, con lo que sufren los servicios sociales que dependen directa o indirectamente de las divisas del sector.
El pasado 20 de julio, el Departamento de Estado renovó la alerta de viajes a Honduras en una nota en la que señaló la continuidad de las protestas a favor y en contra de Zelaya, que permanece alojado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde el pasado 21 de septiembre. Esa alerta de viajes vence el 20 de diciembre próximo y da continuidad a otras que ha emitido el Departamento de Estado desde el inicio de la crisis.
