Cuestionan centros de detención de ilegales

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sostiene que sus centros de detención son un componente importante de su lucha para garantizar la seguridad del país.

"Somos un país que atiende a todos, pero que se ocupa primero de su propia gente y de saber quién está aquí y para qué", afirmó la portavoz del servicio (ICE, según su sigla en inglés) Pat Reilly.

Una amplia coalición de agrupaciones defensoras de los derechos humanos, no obstante, critica un sistema que detiene por tiempo indefinido a personas que no han cometido delitos mayores y afirma que esas detenciones generan trastornos psicológicos que se suman a los que ya pueden haber experimentado los arrestados.

Además cuestionan la legalidad de algunas políticas del ICE y el hecho de que ese organismo no tenga que responder por programas a los que se destinan miles de millones de dólares de los contribuyentes y que afectan a millones de personas.

"Es el lado negro de la justicia estadounidense", declaró David Leopold, de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (American Immigration Lawyers Association). "Le hemos quitado su condición de seres humanos a quienes no son ciudadanos (estadounidenses) en una forma que me recuerda las leyes de Nuremberg para denigrar a los judíos".

También hay muchos que apoyan el sistema. "Las detenciones no son una forma de tratar bien al detenido. Mala suerte si no es lo que ellos tenían en mente", expresó Steven Camarota, de la Federación para la Reforma Migratoria (Federation for American Immigration Reform). "La mayoría de los detenidos no se encuentra en el país legalmente y no tiene derecho a permanecer aquí".

Según el ICE, la gente pasa un promedio de cinco a seis semanas en los centros de detención, pero muchos extranjeros pueden pasar meses, si no años, bajo custodia, con muy pocos de los recursos y garantías de que gozan los presos comunes. No tienen derecho a un abogado de oficio ni a un juicio con jurado, no hay plazos para su liberación y en algunos casos no hay posibilidades de salir en libertad bajo fianza.

"Se supone que somos los paladines de la libertad en el mundo", comentó la representante demócrata californiana Zoe Lofgren. "Sin embargo, lo primero que le pasa a la gente que huye de la persecución es que le creamos más traumas al colocarles grilletes y encarcelarlos. Eso está mal y es vergonzoso".

Lofgren, quien es abogada especializada en temas de inmigración, preside una subcomisión legislativa que lidia con ese tema. Hace algunos meses dirigió unas audiencias en las que se abordó el tema de la atención médica de los detenidos y quedó escandalizada con lo que escuchó.

"Hay casos en los que estimo que el ICE está violando las leyes", dijo Lofgren, "sin mencionar la violación de un sentido básico de humanidad, del sentido común y de la decencia".

Lofgren mencionó algunos casos muy publicitados de gente que muere bajo custodia y de las dificultades de sus familiares para conseguir información. En diciembre, las autoridades de inmigración trasladaron a 153 presos del centro de detención de Rhode Island luego de que falleció allí un ingeniero en computadoras chino de 34 años que padecía de cáncer. Estaba detenido porque su visa había expirado.

Lofgren criticó la súbita transferencia de presos de un centro a otro, a menudo en otros estados, sin notificar a familiares ni abogados.
"La gente desaparece todo el tiempo", sostuvo Andrea Black, de la Red de Vigilancia de las Detenciones (Detention Watch Network), una coalición de unas 100 agrupaciones que se enfoca en la detención de extranjeros y las deportaciones. "Y esos son los casos conocidos, de gente que tenía abogados".

En un centro de 300 camas cerca Elizabeth, Nueva Jersey, el director de la oficina del ICE allí Scott Weber dijo que las transferencias obedecen a razones de disponibilidad de camas y no constituyen una forma de castigo. Acotó que los detenidos tienen derecho a llamar a sus familiares y abogados para informarles de sus traslados.

Weber se negó a hablar de otras políticas cuestionadas del centro de Elizabeth, donde los esposos, por ejemplo, no pueden mantener contactos físicos, los detenidos deben usar uniformes de la prisión y pueden salir a un patio al aire libre apenas una hora diaria.

En su lugar, Weber, al igual que otros funcionarios del ICE de Washington y Nueva Jersey, aludió reiteradamente a una serie de pautas adoptadas en el 2000 en respuesta a cuestionamientos de las condiciones de detención.

En marzo del 2008, Jorge Bustamante, Relator Especial sobre los Derechos de los Emigrantes de las Naciones Unidas, difundió un duro informe sobre las políticas de inmigración de los Estados Unidos y dijo que violaban los derechos humanos y las leyes internacionales.

En el informe, que Bustamente escribió luego de que se le negó acceso a dos de los tres centros de detención que visitó, pide que se suspendan las detenciones sistemáticas de todo indocumentado, mayor acceso a asesoría legal y que se las pautas que rigen el funcionamiento de esos centros tengan la fuerza de una ley, algo que en la actualidad no sucede.

Bustamante deploró asimismo lo que describió como una creciente xenofobia y racismo hacia los inmigrantes, agravada desde los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.

Luego de esos ataques, se aumentaron los poderes del servicio de inmigración, al que se le dio el derecho a detener gente por tiempo indefinido. También se decidió promover más rigurosamente las leyes vigentes y la expulsión de todos los extranjeros que pueden ser deportables para el 2012.

El programa, denominado Operation Endgame, abarca incluso a gente que ha vivido en el país por años, a menudo trabajando, con familias y lazos establecidos con la comunidad. Se comenzaron a realizar redadas en busca de indocumentados, quienes van a parar a centros de detención antes de ser deportados.

"No somos una organización cruel, sin compasión", afirmó el director de la oficina del ICE en Elizabeth. "Simplemente estamos haciendo cumplir las leyes".