Corte: Las Fuerzas Armadas actuaron en defensa de estado de derecho

Para explicar los motivos por los cuales las Fuerzas Armadas intervinieron en la separación de Manuel Zelaya Rosales como Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado.

“El Poder Judicial al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, con motivo de los acontecimientos que se han ejecutado el domingo 28 de junio de 2009, expone lo siguiente:

Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo ante una solicitud del Ministerio Público el día viernes 26 de junio del corriente año, giró orden a las Fuerzas Armadas para que ante la desobediencia del Poder Ejecutivo, de suspender toda actividad relacionada con una consulta o encuesta que se llevaría a cabo el día de hoy, 28 de junio, procediera al decomiso de todo el material de la encuesta que se utilizaría en esa actividad, previamente declarada ilegal.

Esta determinación jurídica autorizó a las Fuerzas Armadas para que con la intervención de fiscales del Ministerio Público se procediera a requisar el material en mención, lo cual se ha estado ejecutando desde las 8:00 de la mañana de hoy, acudiéndose para tal fin a todos los centros destinados para efectuar la referida encuesta, siendo el decomiso la ejecución de una actuación judicial firme, ratificada por la Corte de lo Contencioso Administrativo, en donde se declara ilegal la encuesta patrocinada por el Ejecutivo, quien en ningún momento atendió los mandatos emanados de la Constitución y la ley.

El Poder Judicial considera que tal actuación se realiza dentro del marco legal en base a una disposición judicial emitida por el juez competente.

Por su parte, el Poder Judicial también estima que en el caso que se conoce las Fuerzas Armadas, como defensoras del imperio de la Constitución, ha actuado en defensa del estado de derecho, obligando a cumplir las disposiciones legales, a quienes públicamente han manifestado y actuado en contra de las disposiciones de la Carta Magna.

Finalmente, el Poder Judicial deja constancia que si el origen de las acciones de hoy está basado en una orden judicial, emitida por juez competente, su ejecución está enmarcada dentro de los preceptos legales y debe desarrollarse contra todo lo que ilegalmente se anteponga a devolver al estado de Honduras el imperio de la ley”.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 28 de junio de 2009.