La reciente reunión de la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada con la presidenta Castro es una buena señal para el panorama económico y político de Honduras. Desde la toma de posesión de Castro, algunos de los funcionarios de su gobierno han hecho declaraciones poco gratas, para usar un eufemismo, en contra de la iniciativa privada y se han referido a ella de manera negativa, si no es que insultante.
Y lo cierto es que la producción de empleo y de riqueza en este país lo genera la empresa privada, y en ella incluimos tanto a las grandes empresas como a las pequeñas y a las medianas. Hay una corresponsabilidad entre la iniciativa privada y el gobierno de sacar adelante al país y no es tachando a ninguno de los dos sectores como eso se puede lograr.
Se ha dicho y repetido que hace falta establecer unas reglas claras que garanticen las inversiones, de modo que tanto los empresarios locales como extranjeros se animen a arriesgar su capital sin miedo y sin la incertidumbre que producen ciertas declaraciones o propuestas de legislación tributaria. De modo que los consensos, y no los disensos, entre el Cohep y el gobierno actual deben presidir el ansiado desarrollo económico que lleva a la estabilidad política y a la paz social.
A estas alturas de la historia, que haya hondureños que sigan hablando de explotación, de oligarquía, de lucha de clases, es un contrasentido. Eso estaba bien en los años 60, pero en pleno siglo XXI no. Basta con ver cómo han logrado desarrollarse rápidamente algunas economías asiáticas para entender que lo que Honduras necesita es reglas diáfanas, leyes transparentes, que no den pie a dudas ni sospechas.
Es inevitable que queden algunos trasnochados, nostálgicos de la Guerra Fría, que conserven en su memoria eslóganes pasados de moda, pero eso no sirve más que para distraerse y para evitar el trabajo productivo esforzado que la actualidad requiere. Hoy se trata de ser pragmáticos y de crear marcos de convivencia que faciliten la colaboración entre los diversos sectores.
Evidentemente, hay que asegurar que se respeten los derechos de los trabajadores, que se vele por el cuidado del medio ambiente, que se cumplan las leyes del Estado, pero más allá de prejuicios ideológicos que, en la práctica, para nada sirven.
Al final, tanto la presidenta del Cohep como la gobernante Castro tienen la misma preocupación: que haya trabajo, que los hondureños tengamos ingresos para satisfacer nuestras necesidades cotidianas y que haya esperanza en el futuro de esta querida tierra.
